Víctor de Currea-Lugo | 8 de noviembre de 2023
Especial para Desde Abajo
El proceso de paz entre el Gobierno y el ELN tiene un problema crónico: los elenos no se ayudan. En serio, la bomba de la Escuela General Santander, el secuestro del papá del jugador Luis Díaz, la masacre de Machuca.
Y cualquier intento porque mostrarles otra perspectiva es vista como “una jugada del enemigo”. No, ayudar a esa paz es muchas veces ser el abogado del diablo, pero las malas jugadas, como el autogol del secuestro, es responsabilidad de ellos.
La figura de “abogado del diablo” es seductora, pero hay que merecérsela porque, finalmente, hasta el diablo tiene derecho a la defensa (aunque algunos piensen que el debido proceso es sólo para aquellos que los superiores morales consideran inocentes).
Y en caso del proceso Gobierno Petro y ELN, me nace una genuina preocupación por el rumbo que está tomando el proceso; como muchos amigos estamos como diría Gramsci en “el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad”.
Aclaro, mi análisis puede estar sesgado porque la Mesa no le ha hablado al país como un todo (más allá de ciertos círculos), y esta sería la primera crítica: el país en general sigue sin saber de verdad en qué va la mesa. Declaro, como punto de partida, mi deseo que ese proceso avance y de verdad contribuya a la paz del país, así que mi mayor logro de esta columna sería estar 100% equivocado.
Malos mensajes sobre el ELN
No creo que la paz con los “elenos” tenga hoy construido el espacio de confianza necesario para avanzar. La lista de mensajes poco amigables cunde. Los dos primeros son generales: los graves problemas de implementación de lo acordado con las FARC y una ley de Paz Total, a mi juicio innecesaria y desgastante, que genera más problemas que soluciones.
De igual manera la información sobre una supuesta tregua, anunciada en diciembre de 2022, generó en un sector del ELN la sensación de que la coordinación entre el presidente Petro y su equipo negociador no era la mejor, y menos con su Comisionado de Paz.
A esto se suman los mensajes del Gobierno que por un lado reconocen el carácter político del ELN y por otro lo identifican como una banda criminal porque ya el conflicto armado político habría llegado a su fin y solo quedan grupos armados al servicio de economías ilegales.
Los discursos del presidente Petro del 20 de julio y del 3 de agosto hablaron en el mismo sentido de algunos de los elementos arriba citados, lo que contribuye mucho a la sensación de que sobrevive ese sentimiento entre muchos del M-19 que, en los años ochenta, se definían como los únicos “realmente revolucionarios” siendo el resto de las organizaciones armadas (entre ellas el ELN) aventureros o dogmáticos en armas.
Por otro lado, una mesa de diálogos basada en la participación de la sociedad tiene poco espacio para el optimismo cuando el asesinato de líderes sociales se mantiene; el Comisionado de Paz es cada vez más criticado en las filas de las ONG y de la izquierda que lo vieron crecer; y la idea de Paz Total sigue sin ser explicada al país.
El debate de los tiempos
Recuerdo que Antonio García, en una entrevista, me insistía en la lógica política de Sergio Jaramillo y del Gobierno de Santos de aplazar el proceso con el ELN, porque “el tren de la paz” los iba a obligar a entrar en el proceso. Esa dilación, además de torpe, es una clara manifestación de que no conocen con quién están negociando.
Con Duque se perdieron cuatro años, a pesar de promesas de reabrir la mesa y de mensajes soterrados que mantenían el Gobierno Duque con el ELN. Es más, el ELN ha propuesto la negociación desde 1991.
Ahora con el Gobierno de Petro, se empezó la negociación en medio de la improvisación y el desorden, pero eso no es lo más grave. Lo que me parece grave y que no entiendo es la decisión bilateral de “aplazar” el debate frontal de la paz 18 meses: seis elaborando la metodología de la participación y doce para hacer el diagnóstico que sería presentado a las dos delegaciones por parte de la sociedad para que, ahora sí, la mesa empiece a construir acuerdos.
¿Por qué mi duda? Porque los primeros seis meses no se necesitan; mejor dicho, como ya se ve, no sirven para lo que se busca. Creer que 81 personas de 81 organizaciones se van a poner de acuerdo sobre una metodología es, por lo menos, ingenuo.
Pero lo más grave, porque como en el caso de las audiencias de Tocancipá y de muchos talleres ya hechos para preguntarle a la sociedad sobre “cómo sería su participación en ese proceso” el inmensa mayoría salta al “qué”, a los temas que se deben negociar. Eso ya está pasando.
Ese deseo de participación mal entendido lleva a que la gente crea que hay que participar en todo y todos y sobre todos los temas. No. La mesa de manera responsable debió presentar, sobre la base de un acumulado muy grande, adoptar una metodología y no someter el proceso a un desgaste innecesario.
Una opción era haber seguido el modelo de construcción de la JEP: seis (3+3) que, a puerta cerrada, hagan una propuesta metodológica que reciba la mesa. Total, esos 81, agrupados en el Comité Nacional de Participación (CNP) presentará una propuesta que será discutida por las delegaciones; entonces el CNP no tiene poder ni autonomía ¿Para qué ese desgaste?
Y luego eso sí daría paso a un año de debates sobre la agenda que se le va a proponer a la mesa, año que iría de marzo de 2024 a marzo de 2025. Quedando un poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2026, un proceso así apunta a “aplazar” para el próximo Gobierno la paz con los elenos.
Ya sé que cada uno quiere expresar su mirada a la paz, y ese debería ser el ejercicio de participación: un proceso de cuestionamiento de lo antidemocrático del sistema colombiano, antes que la fabricación de una ya conocida lista de peticiones.
Alguien me decía que los diálogos regionales de Petro, de 2022, arrojaron 160 mil propuestas. Pero, además, la Asamblea Nacional por la Paz, que hicimos con la USO ya había arrojado un gran diagnóstico. ¿No sería mejor recoger todo esa información y sobre ella avanzar en el debate social?
Los convocados
Está bien que la delegación del Gobierno busque ser representativa, pero antes que ser representativa de la sociedad debe serlo de la política del Gobierno. Por eso en la primera ronda, en noviembre pasado, Pablo Beltrán tuvo que pedir que le aclararan a quién representaban los integrantes de esa delegación: si a la prensa, a la sociedad civil o al Gobierno.
Ese afán nacido de la mirada multi-pluri-culti a la construcción de paz, llevó a la selección de un grupo de personas de diferentes sectores que podrán ser muy representativos (o no) pero que peca de las dos cosas más necesarias para que, en conjunto, puedan hacer su tarea: no conocer al ELN y no tener experiencia negociando conflictos armados.
Tengo también mis dudas sobre la lista de 81 personas delegadas de 81 organizaciones escogidas por la mesa para discutir la metodología. Así suene arrogante, yo no gastaría el tiempo del movimiento social discutiendo un cómo, cuando la gente no tiene interés por debates metodológicos sino políticos.
Y esos 81 elegidos son, en su inmensa mayoría, sectores populares y sociales. Es decir, no están allí convocados con los que hay que negociar, con el poder real, con los empresarios y los terratenientes, por citar dos ejemplos. Ya sé que el interés es darle voz a los que no tienen voz, pero eso no se resuelve así, porque el diseño no es una tribuna per se para los desposeídos sino otra cosa.
El ELN está levantando desde mediados de los años noventa una propuesta de convención nacional o de diálogo social que, después de 30 años, debería por lo menos tener una propuesta metodológica elaborada.
Riesgos
El primero es creer que la división del país en sectores sociales y en territorios ya resuelve per se los problemas de representatividad o que eso lleva a un diagnóstico útil. Lo nacional es más que la suma de regiones, más es un país centralista como el nuestro. Creer que el territorio remplaza el Estado central es una de la taras de la llamada “paz territorial”.
Segundo, esos aplazamientos me dan por pensar (retorcido que es uno) que el ELN está buscando sentar las bases para negociar con el Gobierno que sea elegido en el 2026. Por eso ese modelo de negociación tan etéreo y alargado en el tiempo.
Por eso, en la reunión de México, en marzo de 2023, saltaron de la bandera de “vamos firmando y vamos implementando” a la propuesta de un punto final de implementación llamado “Plan General de Ejecución”.
Tercero, ninguno de los errores de la negociación por culpa del ELN puede llevar a que el Gobierno niegue una salida decente para los elenos; así como ninguna de los errores del Gobierno debería llevar a la continuación de la lucha armada por una simple premisa: el ELN no puede tomar el poder por medio de las armas.
Cuarto, participar ¿para qué? No digo que no sea importante, pero no es claro para qué: no se sabe el carácter vinculante de lo decidido, si lo decidido será aceptado por los dueños reales del país, y si el espacio final de decisión es el Congreso pues estamos mal.
La experiencia con las FARC demostró que ni el Fast Track permitió avanzar, ni la Corte Constitucional dejó que los terceros respondieran ante la justicia. No se trata de “cerrojos jurídicos.
Que yo sepa el proceso de paz en el mundo con más cerrojos jurídicos es el firmado con las FARC, y eso no ha significado nada. Si lo que diga la sociedad que participe queda finalmente en manos del Congreso y de la rama judicial, entonces su mandato va a ser muy débil.
A esto se suma un sector del ELN que cree que la cosa avanza si el Estado les da un decreto reconociéndolos como rebeldes que luchan contra el Estado, algo así como un certificado. Esto porque los elenos como las FARC y como el resto del país siguen enredados en el fetiche jurídico de la paz como un derecho, antes que como un proceso político.
Quinto, la paz con el ELN también depende del avance de la Paz Total. Tanto las disidencias de las FARC (con sus diferentes nombres) como los paramilitares están pendientes de quedarse con las zonas que eventualmente deje el ELN. Sin resolver el paramilitarismo, la paz con los elenos cojea.
Sexto, la doctrina militar. Nos prometieron algo menor: desmontar el ESMAD, buscar que la policía se separara de las fuerzas militares y eso no avanza. Me resulta más complejo pensar en un depuración de las fuerzas armadas, tocar su doctrina o romper los vínculos con el narcotráfico. Tierra Alta es solo un ejemplo.
Séptimo, una cosa grave y que es un lugar común, es tratar de buscar la paz bajo las reglas del DIH que no sirven para tal fin y que, por definición, solo mira las consecuencias de la guerra y nunca las causas. Así, el debate sobre los orígenes del conflicto pierde peso.
A la par con lo anterior, es visto como una herejía pensar en una paz para el país (la paz como justicia social) y nos quedamos en una paz “sólo” para las víctimas (justicia transicional, verdad, no repetición).
Visto así, los que no sean víctimas tienen menos derecho a construir y menos vocería en el proceso; por lo mismo, el énfasis será en las dolorosas consecuencias de la guerra y no en las causas.
Octavo, si hoy por hoy no han podido avanzar las reformas de Petro, reformas dentro del capitalismo y dentro de los derechos reconocidos en la Constitución de 1991, ¿qué nos hace pensar que las reformas que proponga el proceso con el ELN sí serán escuchadas y tenidas en cuenta?
En el mismo sentido, si las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (que es sobre las consecuencias de la guerra y no sobre las causas) no cuentan con un respaldo para ser implementadas ¿qué sí se podrá de verdad negociar?
Si la JEP no puede juzgar presidentes, como sí la haría la Corte Penal Internacional, ni terceros involucrados como lo dejó claro la Corte Constitucional ¿podemos hablar de justicia, aunque sea sobre las consecuencias de la guerra? No hay que darle excusas al ELN para que siga en la guerra, pero con el alargue parece que el ELN busca aplazar su dilema frente a la guerra o la paz.
Y noveno, el ELN sigue sin entender que cada uno de sus “errores” no solo le restan a la paz sino a la legitimidad propia de su proyecto político. Eso es no saber hacer política. Secuestrar a familiares de una de las figuras más queridas del país no es poco cosa.
Deberían de aprovechar el momento para retomar sus banderas de justicia social y renunciar al secuestro, el cual no sirve ni en lo político, ni en lo mediático, ni en lo financiero.
Hay que subrayar no solo que a las FARC les incumplieron sino cómo el secuestro y otras infracciones al DIH los dejaron más solos de lo esperado en el proceso de paz y en la fase posacuerdo.
