Víctor de Currea-Lugo | 5 de febrero de 2017
Ahora empieza la Mesa de Quito con dos temas: la participación de la sociedad y las dinámicas humanitarias. Sobre lo primero se ha dicho mucho, sobre lo segundo se ha dicho muy poco. Aunque la agenda Gobierno-ELN fue escrita pensando en un proceso lineal, la realidad es terca. El proceso de las FARC, por ejemplo, demostró que la flexibilidad se impone y que los puntos pueden adelantarse según la dinámica que vaya tomando la mesa.
De las muy pocas cosas buenas que dejaron estos 11 meses de espera para dar inicio a la mesa de Quito, está el adelanto del punto 5F: “dinámicas y acciones humanitarias”. Así pues, esta primera ronda explorará la forma en que la sociedad participaría en la Mesa y la atención de algunas de las consecuencias del conflicto.
Lo humanitario, como concepto, es la respuesta a favor de las víctimas. Pero no es una respuesta a largo plazo ni estructural, sino que reconoce su limitación temporal. Su afán es aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger derechos humanos. En este sentido, no debe confundirse con el punto de víctimas, que apunta a una respuesta en términos de verdad, justicia y reparación.
El punto 5F hace parte de las medidas para “erradicar la violencia en la política”. Para el gobierno lo humanitario se asocia, entre otros puntos, con el drama del secuestro; pero son conscientes que la agenta humanitaria va mucho más allá. Para el ELN son varios los puntos: la situación carcelaria no solo de sus integrantes detenidos, sino en general de los miles de presos del país, así como la suerte de los líderes sociales amenazados y asesinados en los últimos meses. Se podría incluir tareas como el desminado, la desaparición forzada y la (incumplida) atención a la población desplazada, etc.
Habría tres ámbitos para encarar la discusión de lo humanitario en la Mesa de Quito. Primero, la protección, lo que equivale a la prevención efectiva del daño, especialmente a los civiles. La acción humanitaria no es solo “dar arroz” si las víctimas siguen siendo asesinadas. Y no se protege mediante el Twitter, ni se resuelve mediante decretos. La protección se mide en la disminución efectiva de atentados contra la población civil. Incluso, para eso deberíamos contar con observatorios de la sociedad, que sean efectivos sistemas de alerta temprana que, en tiempo real, hagan saber de las amenazas en curso.
El derecho humanitario no prohíbe los actos de guerra, pero lo humanitario (más allá del derecho) sí nos alienta a la disminución de las hostilidades (vale aclarar que hostilidades son actos contra el combatiente enemigo y no, como ha hecho carrera en Colombia, ataques a la población civil). La dinámica humanitaria podría llevar a que los actos de guerra disminuyan, sobre la base de acuerdos parciales, con la supervisión de la comunidad internacional y de la sociedad.
Lo anterior, ojala más temprano que tarde, nos debería llevar a un cese permanente de hostilidades, es decir, a una tregua bilateral. El gobierno ha sido claro en que no es una opción en la primera fase de negociación con el ELN, pero la estudia como posibilidad sin que sea necesariamente el último punto de la agenda. El ELN por su parte ha insistido en la tregua bilateral desde el inicio de la fase formal.
Toda tregua en particular y todo acuerdo en general, tienen momentos de incumplimiento, pero esto no es argumento suficiente para desechar los retos. Organizaciones como la ONU, el CICR y la iglesia están llamadas a acompañar el proceso, así como los países acompañantes de la mesa; pero recogiendo el espíritu de participación que impregna toda la agenda, debería haber un puesto para la sociedad, quien ha sufrido precisamente las dolorosas consecuencias humanitarias sobre las que ese punto intentará decir algo.
Dice también la agenda con el ELN, que se buscará “coordinación y sincronía” con el proceso de La Habana. Y lo humanitario es una buena oportunidad para combinar lo firmado con las FARC, lo a discutir en la mesa de Quito y lo que dice la sociedad.
PD: Lástima que la institución nacional más llamada a jugar un papel crucial en este punto, la Defensoría del Pueblo, esté cada vez más cerca de la burocracia y más lejos de pueblo. Bien merecería una buena reforma para que esté a tono con los retos de la construcción de paz.
