Víctor de Currea Lugo | 6 de abril de 2020
El primer problema es qué es “confinamiento inteligente”, lo que eso implicaría, pues por lo menos sugiere que el aislamiento que se ha hecho en otras partes del mundo no es inteligente o que el que impulsó la alcaldesa en Bogotá y otros mandatarios regionales son decisiones contrarias a la inteligencia. Curioso que se envía a la opinión un concepto como un gran titular, pero vacío de contenido.
Lo cierto es que el aislamiento no inteligente, el previo, el que no han cumplido los ricos que han salido a vacacionar en sus fincas en los alrededores de Bogotá, tampoco ha resuelto el problema, porque en las calles de Bogotá, la gente más pobre sigue saliendo a buscar el pan de cada día o porque algunos del centro de la capital han sido desalojados y se han quedado sin donde pasar la noche y sin poder cumplir con el aislamiento no inteligente.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo: “la idea es permitir la entrada de algunos sectores productivos”. Duele que el Estado este volcado en garantizar los intereses del mercado y no de la población en general, pero duele más que sea precisamente el ministro de Salud, un colega médico, el que reproduce ese discurso y esa forma de ver la pandemia.
La única manera de plantear una salida a la calle no riesgosa, es que pudiéramos garantizar los elementos de protección adecuados para todas las personas que irían a trabajar, conservando una distancia no menor de un metro y un flujo de transporte apropiado; pero lo cierto es que muchas de las personas que trabajan viven en el sur y las empresas en las que deben trabajar están en el otro lado de la ciudad.
Así que con esa movilidad que proponen, sin posibilidad de tener una distancia adecuada en el transporte público, y sin máscaras y elementos de protección, va a ser absolutamente irresponsable llamar a salvar las empresas a costa de vidas humanas.
De lo primero que intentaron convencernos es que estamos actuando mucho mejor que otros países de mundo, lo que es absolutamente discutible, y segundo que ya estamos aplanando la curva, lo que también es profundamente controvertible por lo siguiente: mientras Corea del Sur llegó a hacer 20.000 test en un día, Colombia en un mes de pandemia ha hecho 25.000 exámenes. Con esos datos es prácticamente imposible tomar una decisión en materia de salud pública que comprometa a todo el país de una manera acertada.
Además, los datos de cualquier epidemia vienen atrás de la realidad, pero los nuestros vienen semanas atrás; hay un represamiento marcado de exámenes que se mide en días, un gran subregistro asintomático y muertes de personas que se han producido sin saber si fue o no culpa del coronavirus.
La salida por supuesto es mantener la cuarentena, pero esa cuarentena requiere un mínimo vital que el Gobierno se niega a garantizar. Para tomar decisiones la única posibilidad realmente inteligente es tener datos y eso implica tener máquinas disponibles (nos iban a regalar dos en Venezuela, pero la arrogancia del Gobierno no lo permitió) combatir el subregistro, hacer estimaciones más aproximadas a la realidad y sobre todo realizar pruebas, no solamente a los sintomáticos, sino también a los asintomáticos y al personal de salud que, como se ha demostrado en otros contextos, tiene un alto riesgo de infección.
Las decisiones basadas en la ciencia deben tener la respuesta política del caso, es decir: la pregunta es científica, pero la respuesta es política. Y en el caso de los medios de comunicación nos queda seguir haciendo las preguntas pertinentes y no seguir haciendo loas al discurso del poder. Es lamentable cómo la revista “Semana” deja de ser un medio de comunicación para convertirse en un elemento de publicidad.
El origen de tan loable idea (aclaro, es ironía) parece ser de los grandes empresarios. Así se deduce de la carta (fechada en abril 3) firmada por el “Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga”. En dicha carta citan su preocupación “por los más vulnerables” (sic), deja claro de qué lado está el gobierno, o mejor: a quién le hace caso. Miren sus prioridades: “Mantener un aislamiento más prolongado para dicha porción de los habitantes, agravará la problemática económica del país, que se enfrenta además de la situación generada por el COVID-19, a los efectos de la caída del precio del petróleo, el aumento del precio del dólar, la crisis global de deuda y la caída de las bolsas de valores”.
Piden (o exigen, no me queda claro): “Será indispensable que las medidas epidemiológicas y sanitarias se focalicen, sectoricen y georreferencien para continuar imponiendo medidas de control y contención, a esta población (incluyendo estudiantes, trabajadores del hogar, pensionados), sin afectar a la fuerza laboral activa (formal e informal)”. ¿Eso en qué traduce cuando ya hay medio país sin recursos? Hay vendedores que no tienen ni para una libra de arroz y estos llaman a que usen tapabocas obligatorio.
Sostienen que “después del 13 de abril (se) reactiven sus actividades, acompañándolos en la implementación de protocolos de autocuidado, desinfección y distanciamiento. Imponer el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público, con controles especiales en los sistemas de transporte masivo, controlando la capacidad de acceso de pasajeros para evitar que se presenten aglomeraciones”. Algunos de esos firmantes ¿habrán tomado Transmilenio en su vida? Que alguien les explique que los que llenan Transmilenio no son turistas, sino trabajadores.
Frente al control de precios dicen que: “La mejor respuesta política a una crisis económica como la que enfrentamos consiste en permitir que el mercado funcione con los mayores niveles de libertad posibles”. O sea, que la especulación que hemos visto de las grandes superficies ¿es un signo de mejoría? Parecería que sí porque recomiendan que: “durante la actual crisis no es recomendable incurrir en el control de precios”.
Las ayudas sociales las llaman “asistencialismo” y proponen: “Reconociendo que existen limitaciones presupuestarias y logísticas para mantener una red de protección social con un alto nivel de asistencialismo, es fundamental permitir la reactivación del empleo formal e informal, para que autónomamente las personas puedan buscar su sustento”. Es decir, sálvese quien pueda. Y, como si lo anterior fuera poco, piden que: “las líneas de financiamiento con recursos públicos se deben orientar a apoyar al sector privado para que cuente con garantías de acceso al mismo”.
Con los datos disponibles y con mi modesta formación médica, me atrevo a decir que la única posibilidad de que estemos aplanando la curva y de que un aislamiento inteligente sea una buena medida es que me convenzan de que somos una raza diferente y por lo tanto el comportamiento del virus va a ser incomparable con otras regiones del mundo, que me convenzan que nuestro sistema de salud es mejor que el alemán o que nuestra organización social es superior que el de Corea del Sur. Sin esos detalles, me resulta profundamente improbable creer y aplaudir la opción del aislamiento inteligente.
Me preocupa pensar que hace algunos años nos redujeron en un millón y medio el número de pobres gracias al cambio en un indicador del DANE, que los falsos positivos en Colombia desaparecieron como realidad política y estadística, que según el ministro Carrasquilla el salario mínimo que reciben los colombianos es muy alto y que en Colombia no hay desplazados como decía José Obdulio Gaviria, sino simplemente migrantes internos. Mi pregunta es si los que están contando los enfermos y los muertos del coronavirus son los mismos autores de las anteriores falacias, porque en ese caso el problema no es de aislamiento inteligente, sino de un Gobierno nada inteligente que se aísla cada vez más del país real.
