Víctor de Currea-Lugo | 25 de abril de 2018
La salida de la Mesa Gobierno-ELN del territorio ecuatoriano ya es un capítulo cerrado donde, con diferentes matices, las dos delegaciones coinciden en: el respeto a la decisión soberana que tomó el presidente Lenin Moreno y la gratitud hacia el pueblo y gobierno ecuatoriano por todo su apoyo a la Mesa.
Más allá del desafío operacional de contar con una nueva sede, el problema actual es que la Mesa está determinada, cada día más, por variables que no dependen de las delegaciones, con lo cual su futuro es incierto. Por ejemplo: la pésima implementación a los acuerdos de La Habana, la estrategia de la Fiscalía de realizar capturas masivas al liderazgo social que acompaña la Mesa de Quito (por ejemplo, en el Sur de Bolívar, Valle del Cauca y Nariño), las presiones de los Estados Unidos en el proceso de las FARC y el resultado de las elecciones presidenciales.Resulta paradójico que cuando las dos delegaciones logran un mejor nivel de entendimiento, la Mesa se ve amenazada por presiones externas. Incluso, la decisión soberana del presidente de Ecuador, de no seguir siendo garante ni sede de este proceso de diálogo, parece más el resultado de un afán mediático por la crisis de frontera que fruto de un análisis más profundo. Y en esto habría que preguntarse por la presión de Estados Unidos y su deseo de reabrir bases militares en territorio ecuatoriano.
El ELN insiste en que no se va a levantar de la Mesa, pero un proceso en el que las partes permanezcan sentadas por pura obstinación no es suficiente. Lo cierto es que el caso Santrich, la negociación del acuerdo de La Habana en el parlamento, los graves problemas de la reinserción de excombatientes de las FARC, entre otras cosas, justifica el creciente escepticismo, tanto del ELN como de la sociedad en general, sobre la seriedad del Estado de cara a la paz.
Además, la negociación con el ELN parece más una política de un gobierno saliente que una postura de Estado. Por eso algunas instituciones reman en contra del proceso de Quito, como la Fiscalía General de la Nación. Recordemos el caso de Milena Quiroz, líder social del Sur de Bolívardetenida con el único argumento de que “organizaba marchas”. Y el reciente caso de Harold Montúfar, entre otros líderes de Nariño, acusados de pertenecer al ELN. En ambos casos, se trata de una dirigencia social seriamente comprometida en el apoyo a la de Mesa de Quito. Por eso vale la pena preguntarse ¿Cuál es la agenda real de la Fiscalía frente al proceso de paz?
A este mar de confusiones, se suma la política exterior de los Estados Unidos. Las lógicas mezcladas de la mal llamada “guerra contra el terror” y de también la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, son obstáculos para la construcción de paz en Colombia. El caso Santrich es un buen ejemplo de lo anterior; vale recordar que el proceso contra Simón Trinidad por narcotráfico se cayó en los dos primeros juicios.
Finalmente, el futuro de la Mesa dependerá de quien será el nuevo presidente de Colombia. Aunque la recomendación es “seguir negociando como si no hubiera elecciones en Colombia”, lo cierto es que lo que se trabaje para un nuevo cese al fuego y para la participación de la sociedad, puede quedar convertido en papel mojado.
Dentro del ELN, hay un péndulo que se aleja o se acerca a la paz, independientemente de su voluntad política, determinado también por los errores del gobierno al interior del proceso y por los graves problemas de construcción de paz a nivel nacional.Que se mueva a favor de la paz depende no solo, como algunos quieren hacernos creer, del “ala radical” del ELN, sino de un contexto político que nos involucra a todos.
Publicado originalmente en teleSUR:https://www.telesurtv.net/bloggers/Dialogo-Gobierno-ELN-nueva-sede-iguales-preocupaciones–20180425-0005.html
