“Hasta el año de 1885 Chapinero fue un mísero caserío con cuatro o cinco casas de teja que pertenecían a las familias ricas de la ciudad de Santafé”.
El Tiempo, enero de 1981
Poco después de fundada Bogotá, vivía al norte y en sus afueras Don Antón Hera Cepeda, fabricante de zapatos chapines: calzado de suelas de madera y correas de cuero que protegían de la humedad y el barro. Gracias a la pujante industria de chapines, esos terrenos recibieron por extensión el nombre de Chapinero. En 1885, Chapinero se hizo barrio con: 233 casas, veinte tiendas, dos minas de carbón, diez y seis minas de arena, diez canteras de explotación, un tranvía, un camino a Suba, once chicherías, dos zapaterías, dos boticas y tres iglesias.
A comienzos de este siglo vivía en la parte alta de Chapinero la familia Calderón Tejada. Don Luis y su esposa Elvira poseían un bosque (el bosque de los Calderón) con las minas de carbón, los chircales, las canteras, la fábrica de fósforos, un rebaño de más de 500 ovejas y la explotación de la madera del bosque. “La Señora Elvira no quería que le tocaran ni una hoja, ni dejaba tener una gallina ni un marrano porque le dañaban las matas”, cuenta Doña Carlina de Becerra, una de las primeras trabajadoras de la finca. En los chircales se fabricaba ladrillo y tejas de barro. Para mantener encendidos los hornos se requerían hojas y chamizos que eran recogidos por mujeres y niños.
En la década del treinta, la demanda del mercado de la construcción llevó a Luis Calderón a explotar las canteras a gran escala. Fueron también sucesivamente arrendadas al municipio, a un comandante de la policía, a varios particulares e incluso a un sacerdote.
Con el auge de las canteras llegó mucha gente dispuesta a trabajar, unos por breve tiempo y otros se quedaron a vivir. Los hombres extraían las piedras, las partían y las almacenaban. Las mujeres se dedicaban a triturarla. La necesidad de trabajadores llevó a la construcción de campamentos para albergarlos, que después se convirtieron en viviendas permanentes.
Yo tengo ya la casita
Pasados varios años, la familia Calderón Tejada sufrió la pérdida de su patricio y se inició el juicio de sucesión respectivo. La finca fue dividida en ocho partes cuya propiedad pasó a herederos reconocidos. Los campamentos ya establecidos continuaron en su lugar albergando las familias de los trabajadores.
Cuando la explotación dejó de ser lucrativa, los propietarios de la tierra, en compensación de salarios y prestaciones sociales de muchos años, cedieron la posesión de sus tierras a los trabajadores, pero sin preocuparse por escriturarlas a favor de los nuevos propietarios.
Poco antes de 1960, vino al sector Doña Beatriz, nuera de Luis Calderón y esposa de Julio Calderón, entonces: “nos dijeron que cuidáramos nuestros terrenos, que ellos no nos iban a molestar y que más bien nos iban a dar las escrituras. Doña Beatriz nos entregó el lugar donde vivimos como pago a nuestro trabajo”, contaba un habitante.
La mayoría de las familias procedían de Boyacá y Santander, muchas traídas por amigos y familiares. El agua se transportaba en tarros desde la quebrada cercana y se guardaba en ollas de barro. Un puentecito sobre la quebrada era el punto de encuentro para lavar la ropa. El alumbrado era con lámparas de petróleo, velas, y algunos lo traían con cables del “otro Chapinero” usando desde alambre dulce hasta alambre de púas. Cuando alguien se enfermaba, acudía al médico de Lourdes. Los partos eran atendidos en las casas por Doña Aleja de Pineda o Doña Socorro de Durán.
Hasta cuatro generaciones de una misma familia han vivido en el Bosque Calderón de manera ininterrumpida. Las familias son en su mayoría numerosas; al crecer fueron poblando los lotes, grandes al comienzo, ahora repartidos entre las nuevas generaciones. Así como ellos, también se constituyeron los barrios Mariscal Sucre, Santo Domingo, La Portada, El Paraíso, Los Olivos y Pardo Rubio. “Al comienzo las casas se contaban y luego se fue formando el barrio. Hace siete años me casé y mi mamá me dió parte del lote para que hiciera un rancho. Como mi papá tiene un lote grande… a cambio de que lo pierdan, uno coge un pedazo”, dice un joven de 29 años nacido y criado en el Bosque Calderón.
Desde comienzos de los años 70, interventores, rentistas constructores y urbanizadores piratas pusieron sus ojos en el sector y recurriendo a formulaciones jurídicas de toda índole, estuvieron a punto de que les titularan algunos predios. Desde que se decidió la construcción de la Avenida Circunvalar el fenómeno aumentó a pesar de que los barrios fueron legalizados por el Acuerdo 01 de 1986. La finalidad clara es construir costosos edificios de apartamentos que entrarían a reemplazar las viviendas populares.
Cuando el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, implementó la construcción de la Avenida Circunvalar, en 1983, las familias que tenían levantados sus ranchos sobre los trazos de la proyectada Avenida fueron reubicados más arriba con la promesa de que se les escriturarían sus nuevos terrenos; esta promesa, sin embargo, no se cumplió.
Hace siete años la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, hizo un tendido de cuerdas de alta tensión por encima de las casas. Para la aprobación de los planos se necesita un mínimo de doce metros entre el tendido y las casas, requisito que complica aún más la legalización total de barrio, ya que el tendido “invalida” como espacio habitable las casas que cruza. Los habitantes pensaron entablar una acción de petición para que les retiren las cuerdas.
Jaime Benítez Tobón, ex-director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), alegó al igual que muchos otros, propiedad sobre la tierra, presentando títulos del barrio Bosque Calderón, Primer Sector. El Centro Jurídico Comunitario (CJC) logró ganar el pleito jurídico, ratificando la propiedad de los terrenos para sus habitantes.
El 29 de junio de 1990, más de mil policías intentaron otro desalojo y gracias a la organización comunitaria y al CJC se aplazó nuevamente. El 12 de julio siguiente, un contingente de la policía atropelló a los abogados del CJC y a numerosas familias. En los hechos resultaron heridos varios habitantes, con armas de fuego usadas por la policía.
Según declaraciones del Decano de Teología de la Universidad Javeriana, publicadas en El Espectador, “la confusión fue mayor al ver a los policías entrar a las casas y sacar a los habitantes a bolillazos. Rompían vidrios, lanzaban piedras, era una guerra sin cuartel contra aquellos colombianos indefensos”.
Hasta estos barrios sólo suben tres carros de transporte que recogen los pasajeros en el otro Chapinero, el de vitrinas elegantes y almacenes lujosos que se extiende como un tapete en la parte baja de los cerros en disputa. La otra opción es subir a pie los quince minutos que separan al cerro de las avenidas más cercanas. El comercio del Chapinero tradicional, presiona para que el Alcalde Menor no permita el normal funcionamiento de estos carros.
La crisis actual evidencia una vez más la incapacidad del Estado para resolver los problemas de vivienda a los sectores populares, a pesar de contar con instituciones como el “Inurbe”, La Caja de Vivienda Popular y el Banco Central Hipotecario. Ante tal impotencia la experiencia ha demostrado que el camino más viable es la posesión de hecho, ejemplo vivo en los Barrios Luis Alberto Vega, San Martín y Juan XXIII, como del mismo Bosque Calderón.
El barrio de Luis Alberto Vega
Hace doce años, llegaron treinta familias a poblar los terrenos que hoy conforman el barrio Luis Alberto Vega. Varias familias se asentaron allí, víctimas de una emergencia invernal que hubo en Bogotá en ese entonces; otras venían del Barrio Juan XXIII, ubicado en el mismo sector. Luego de que en varias ocasiones la policía les tumbara los ranchos, ellos volvían a construirlos con más “terquedad”. Hoy habitan allí más de ciento veinte familias.
En abril de 1991, el juez 44 Civil Municipal, falló en favor de una presunta propietaria sobre parte de los terrenos, sector que se conoce como el Lote Cinco, y ordenó el desalojo de sus habitantes. Este barrio ha tenido más de cinco intentos de lanzamiento promovidos por cinco dueños diferentes. Una de las soluciones que les ofrecieron a los habitantes era reubicarlos en zonas como Candelaria La Nueva y Ciudad Bolívar.
En Mayo 25 de 1992, llegaron 1500 agentes de policía para desalojar a veinticinco familias. Varios de los habitantes fueron a la Alcaldía Menor de Chapinero a protestar. El teniente del CAI cercano detuvo tres habitantes en el interior de la Alcaldía. Hernando Herrera, dirigente comunal del sector, quien logró entrar a la oficina de la inspectora, dijo “estar armado”, sin especificar con qué. El arma era un cepillo del pelo que, usado bajo el jersey, sirvió para impedir que ese día se produjera el desalojo de las familias. Herrera, estudiante de teología, fue herido en el cuello por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que buscaban “liberar” a la inspectora. Los otros tres detenidos fueron a parar a la Cárcel Nacional Modelo acusados de secuestro extorsivo y se les aplicó el Estatuto para la Defensa de la Justicia.
Pasados estos hechos, se firmó un Acuerdo entre las partes con el cual los habitantes se comprometieron a dejar el terreno, la propietaria a retirar las acciones judiciales que cursaban en contra de ellos, el gobierno a reubicarlos en un lote del Distrito Capital cuyo costo estaría subsidiado por el “Inurbe”. Además el gobierno distrital debería garantizar cupos en escuelas y colegios para los niños y jóvenes en su nuevo sector de vivienda. La Caja de Vivienda Popular ayudaría con un préstamo de un millón de pesos para construcción.
Inicialmente iban a ser llevados al Barrio Pijaos, pero la gente de allí, desconociendo la historia, decía que no iba a permitir en su barrio “delincuentes ni prostitutas”. Para los primeros días de Octubre de 1992, los habitantes de la parte en discusión del barrio Luis Alberto Vega, conocida también como Lote Cinco, se trasladaron a la zona de Fontibón al occidente de la capital, pues la dueña demostró tener los títulos de propiedad sobre el terreno, cosa que no sucede con el resto del barrio.
El futuro
Para hacer frente a la preocupante situación, la comunidad cuenta con una rica experiencia organizativa: Juntas de Acción Comunal, Comité de Salud, Comité Femenino Alma Familiar, Comité de Terrenos y Legalización, el Comité de Vivienda y Levantamientos Topográficos, Comité Pro-niño, Comité de Madres Comunitarias, Comité de Restaurante Escolar y hasta Comité de Cultivos Hidropónicos, que construyó un invernadero y realizó un curso educativo.
La comunidad ha realizado talleres sobre la defensa de la tierra, programas para la tercera edad, programa de recuperación y legalización de tierras. En el barrio la Portada se hizo el estudio de titulaciones. En buena parte del Luis Alberto Vega se está adelantando el programa de legalización de predios y vivienda de interés social. En el Bosque primer sector, estudiantes de la Universidad Distrital adelantaron el levantamiento topográfico global del predio. La Universidad Javeriana se ha hecho cargo del loteo ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
El primer sector del Bosque Calderón ya logró dar comienzo al proceso de escrituración y la aprobación e inicio de obras de luz eléctrica, acueducto y alcantarillado. La sede actual del Centro de Salud fue construida por la comunidad con 10 millones de pesos que donó la ONU. Hoy dos años después de su fundación, permanece sin prestar ningún servicio.
La comunidad del barrio Calderón Tejada y de los otros barrios, tiene todavía comprometida su supervivencia. Soporta los gravámenes de un proceso que lleva veinte años en manos de las autoridades judiciales. El suelo que hoy habitan está en la mira de grandes y poderosos intereses económicos. Lo que hasta hace pocos años era monte, ahora son lotes con alta valorización.
Desde la loma se observa buena parte de la capital: un paisaje seductor para vender apartamentos. Para algunos el pago de la valorización por la construcción de la Avenida Circunvalar será el caballito de batalla para desalojar a los pobladores mediante altos impuestos, ya que la imposibilidad para cancelarlos obligaría a los habitantes a abandonar los terrenos. Se estima que el Instituto de Desarrollo Urbano cobraría 800 millones de pesos en impuestos al sector de Bosque Calderón. Mientras tanto seguirá vivo el Bosque en donde las panaderías todavía dan “vendaje” que, como es tradición, se lo comen los niños en su camino a casa.
Diciembre de 1992
Publicado originalmente en Las 2 Orillas
