Catatumbo, calumnias y peajes

A la entrada del corregimiento de San Pablo hay un peaje comunitario, organizado por la asociación de las 28 juntas de acción comunal. Antes, la gente gastaba cuatro horas para llegar hasta Convención y medio día para llegar a El Tarra. Ahora gastan menos de la mitad a Convención y sólo dos horas hasta El Tarra. Nos recibieron nueve dirigentes comunitarios de la región y empezaron su relato. Las deterioradas vías significaban bloqueos por días, alimentos costosos, dificultades para comerciar y demora en la atención de los enfermos. Así que decidieron tocar todas las puertas posibles, que se les fueron cerrando en la cara. La situación se agravó con el impacto de la ola invernal en las vías, “así que nos sentamos a buscar soluciones”.

En mayo de 2011 decidieron poner tres peajes y recoger aportes voluntarios para arreglar entre todos la carretera. El proyecto hoy se mantiene en los mismos tres puntos: la entrada a San Pablo, el corregimiento de El Aserrío y la entrada del municipio de El Tarra. Al comienzo tenían sólo una cabuya con un trapo rojo, varios voluntarios en diferentes turnos y ganas de hacer algo. Tuvieron problemas con el Ejército: les decían que eso era ilegal y tuvieron que ir a hablar al batallón en Ocaña. En una reunión con oficiales “nos acusaron de ser guerrilleros y después nos desmontaron los peajes”. Incluso el periódico La Razón, en mayo de 2011, informó que soldados habían trabajado para recuperar la carretera, cuando lo hizo la propia población.

Las comunidades nombraron delegados por corregimiento. Hicieron reuniones para explicar los recaudos y con los recursos pudieron alquilar máquinas y volquetas para las obras. Para evitar el mal manejo de los recursos “todo gasto iba firmado y con recibo”. Y dejaron claro ante la comunidad que “el que quiera mirar las cuentas puede hacerlo”. Con el tiempo imprimieron recibos para dar a los que pagaban en los peajes el aporte voluntario, organizaron cuentas, establecieron prioridades y empezaron a ganar legitimidad cuando la comunidad veía que las colectas eran invertidas en lo prometido. Taparon huecos con los primeros $40 millones.

“Hubo huecos que se comieron hasta tres volquetadas de arena”. Incluso Ecopetrol les ha prestado maquinaria. Un militar les dijo: “Ustedes mueven una retro con cuatro personas, nosotros necesitamos 200. ¿Cómo hacen?”, sugiriendo que tienen apoyo de la guerrilla. Pero fue precisamente la guerrilla la que en una ocasión quemó el banco de maquinaria de Ecopetrol.

Los pagos no son obligatorios. El tiquete vale para toda la ruta y por todo el día. El proyecto mantiene 57 kilómetros de vía. En esta distancia han hecho muros y alcantarillas, recuperado bancadas de la carretera, reparado puentes, etc. Me aclaran que parte del éxito radica en la ausencia de corrupción: “A esto no se le meten contratistas, si no la plata no rinde”. El proyecto ha recolectado $2.352 millones en cuatro años y ha gastado $2.185 millones.

Tienen planes de emergencia para responder ante el potencial daño invernal y sueñan con un banco de maquinaria propia. “Hemos hecho muchas cosas con poco”, insisten. Están dolidos con la opinión pública y con los medios de comunicación. Recientemente un informe de la Fundación Ideas para la Paz dice que: “En la vía de Convención a El Tarra hay tres peajes comunitarios que cobran $5.000 por vehículo. Los fondos se destinan al mantenimiento de la vía y los guerrilleros se encargan de controlar el cumplimiento de las normas viales”. Totalmente diferente a lo que vi.

Además hay muchos rumores de posibles capturas y las recientes de Bogotá, de supuestos integrantes del ELN, aumentan la tensión. En un tiempo estuvieron a punto de desfallecer y el Comité de Transportadores de El Tarra les pidió que no lo hicieran. Se quejan de que los medios no decían nada cuando entre 1999 y 2003 los paramilitares hicieron presencia en el área y allí tuvieron retenes y les quitaban a los campesinos los alimentos… En rigor, sus acciones están amparadas en las actividades que puede hacer una junta de acción comunal, así que no son ilegales.

Las comunidades de Filogringo y Tibú han pedido ser incluidas en el proyecto. Hay rumores de $33.000 millones para esas carreteras, pero “eso nos dicen desde hace dos años, cada reunión sobre el tema, pero siempre hay una excusa”. Lo cierto es que “las obras en la región siempre han sido factor de corrupción”. No entienden por qué se hacen estudios previos, pero el presupuesto se acaba antes que las obras. Otro líder agrega: “Nosotros estamos dando el mal ejemplo de ser transparentes”, y todos ríen. Una carretera es un beneficio para todos, dicen ellos. Pero mis cuentas son diferentes: una carretera así es una mala cosa para los políticos, para los contratistas, para los que comen de la corrupción.

El proyecto ha enseñado varias cosas. La primera es que la participación comunitaria se puede dar en términos de toma de decisiones y de administración directa de los recursos, la transparencia con las comunidades ha garantizado la legitimidad durante estos años, no hay necesidad de una estructura burocrática que consuma recursos y, por último, los resultados son posibles con pocos recursos. Este es un claro ejemplo de gestión local, de autonomía, de todo eso que dicen los que defienden la paz territorial y el trabajo comunitario. Lo que no entiendo es por qué los persiguen.