Por Víctor de Currea-Lugo / 19 de octubre de 2019
Colombia asumió la presidencia de la Comisión de Consolidación de Paz del sistema de las Naciones Unidas, un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Eso implica un reconocimiento, pero también un deber: ser coherente con las lecciones aprendidas de construcción de paz en el mundo, siendo una de ellas el acompañamiento internacional.
En las negociaciones de conflictos armados internos, las partes recurren a un tercero creíble para que las acompañe. Esos Estados suelen agruparse en categorías como: testigo, mediador, verificador o facilitador. Pero más allá del nombre, su papel fundamental es ser garantes de que el proceso es serio y transparente. Colombia ha recurrido en el pasado a México, Cuba, Venezuela, Noruega, Chile, Brasil y Ecuador, entre otros, para que ayuden en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.
A nivel mundial, esa es una práctica tan común como respetada. Ruanda pudo hacer su proceso de negociación gracias a que Tanzania prestó su territorio para ello. Noruega facilitó el diálogo entre palestinos e israelíes en los años noventa. La Unión Europea acompañó el proceso en Irlanda del Norte. México fue testigo del proceso entre el gobierno de El Salvador y la insurgencia. La guerra civil del Líbano encontró una salida negociada, sobre la base de los acuerdos de Ta’if, firmados en la ciudad con ese nombre en Arabia Saudita.
Colombia logró la firma del Acuerdo de paz entre el Estado y las FARC gracias al acompañamiento de otros países, así como del Vaticano y de las Naciones Unidas. En el caso del ELN, el Estado colombiano les pidió a los países garantes que siguieran apoyando la construcción de paz, después de que Ecuador renunció a ser sede de los diálogos, y es en este contexto que la Delegación de Diálogos del ELN llegó a La Habana. Allí no hubo ninguna irregularidad, no se trata de “complicidad con el terrorismo” sino de apoyo a la paz, a petición del Estado colombiano.
El compromiso entre el Estado colombiano y el ELN, firmado ante los garantes es que, en caso de ruptura del proceso, se darían unas condiciones para el regreso de las personas del ELN al territorio colombiano. Eso también es un mecanismo esperable en los procesos de negociación y que debe entenderse también en su contexto debido. Culpar a Cuba y a Noruega, garantes del proceso, de lo que haga o deje de hacer el ELN, no solamente es infantil sino irresponsable.
Más allá de los dictámenes jurídicos que han sugerido, en buena lógica, que el irrespeto a tales protocolos es un acto de perfidia por parte del Gobierno colombiano; más allá que al poner en duda la investidura de Santos como jefe de Estado, el presidente Duque pone en duda el alcance de su propia investidura; el problema es también práctico: nadie fácilmente va a prestar su territorio para que Colombia haga un eventual nuevo proceso de paz en el futuro. Y difícilmente Colombia será respetada como presidente de la Comisión de Consolidación de Paz del sistema de las Naciones Unidas, por su actitud absolutamente contraria a la construcción de paz.
Imaginémonos a Tailandia rompiendo relaciones diplomáticas con Malasia por haberle ayudado a construir un proceso de negociación con los rebeldes del sur de Tailandia, a Estados Unidos pidiendo en extradición a la delegación talibán con la que buscó una negociación en Qatar, a Sri Lanka acusando a Noruega de apoyo al terrorismo por intentar detener el conflicto con los tamiles. Pues estos tres ejemplos, tan ridículos, son exactamente los que mostramos al mundo en las actuales tensiones con Cuba.
Es irónico pensar que la presidencia de la Comisión de Consolidación de Paz del sistema de la ONU, está en manos de un Estado que persigue a otros pares por apoyarlo en una negociación de paz. ¿Así o más ridículo?
