Víctor de Currea-Lugo | 19 de marzo de 2026
Lo que estamos viendo en estas semanas no es una guerra mundial ni una reedición mecánica de las guerras clásicas entre ejércitos regulares, sino algo más puntual y, por eso mismo, más peligroso: la normalización de los choques armados de frontera.
En Cachemira, India denunció en enero de 2026 varias intrusiones de drones desde Pakistán. Entre Pakistán y Afganistán, en marzo, Islamabad lanzó bombardeos contra ese país.
Y entre Camboya y Tailandia persiste una posguerra sin paz, tras el alto el fuego de diciembre de 2025.
Lo común en esos tres casos no es solo el uso de la fuerza. Es, sobre todo, la idea de que la frontera dejó de ser una línea jurídica para convertirse en un espacio de persecución preventiva.
El vecino ya no aparece como un Estado con el que se discute, sino como el territorio desde el cual se “filtran” terroristas, drones, milicias o amenazas difusas. Así, la soberanía del otro empieza a verse como un obstáculo operativo y no como un límite.
Cuando un gobierno se convence de que el otro no controla su borde, o, peor aún, que lo tolera, la tentación de actuar unilateralmente crece. Ahí es donde las crisis dejan de ser diplomáticas y empiezan a adquirir gramática militar.
La frontera Colombia – Ecuador
El primer punto es el narcotráfico. La frontera colombo-ecuatoriana vivió una crisis hace pocos años, cuando el frente de alias “Guacho” secuestró y asesinó a tres periodistas de El Comercio y atacó puestos policiales en Mataje, lo que obligó a ambos países a militarizar la zona.
Entonces quedó claro que los grupos armados colombianos operaban a ambos lados de la línea, que las rutas de cocaína salían por puertos ecuatorianos y que las comunidades fronterizas quedaban atrapadas entre operaciones militares, economías ilegales y el abandono estatal. Lo que ocurre hoy no surge de la nada: es la misma frontera porosa, con actores distintos y una mayor tensión política entre Bogotá y Quito.
Aquí sí hay un hecho duro y verificable: Ecuador se convirtió en una plataforma logística de la cocaína producida en Colombia y Perú, y la violencia ecuatoriana está íntimamente ligada a esa función.
Las provincias intervenidas por Noboa son rutas centrales del narcotráfico y, a comienzos de marzo, fuerzas de Ecuador y de Estados Unidos destruyeron, cerca de la frontera, un campamento atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia armada colombiana.
Además, la UNODC informó que en Colombia los cultivos de coca alcanzaron 253.000 hectáreas en 2023 y que Nariño estuvo entre los departamentos más afectados. Es decir: Noboa exagera al convertir a Colombia en la explicación total de su crisis, pero no inventa de la nada el problema fronterizo. La frontera con Colombia sí alimenta, por acción y por omisión, la inseguridad ecuatoriana.
Segundo punto, durante años, Ecuador fue un país facilitador de diálogos con las guerrillas colombianas del ELN, como parte de la arquitectura regional de negociación. Pero esa posición cambió abruptamente en 2018, cuando Quito rompió con su rol de garante. Recordemos que con la llegada de Lenín Moreno al poder (2017–2021), se rompió la línea diplomática de Rafael Correa.
Ecuador retiró oficialmente su condición de país garante, suspendió cualquier apoyo logístico a la mesa y ordenó la salida de los miembros del ELN presentes en Quito, rompiendo con el esquema internacional de protección a los negociadores insurgentes que había funcionado durante años.
El tercer punto son los aranceles y aquí sí hay un deterioro concreto de la relación bilateral. Ecuador impuso primero una “tasa de seguridad” del 30% a los productos colombianos y luego la elevó al 50% a partir del 1 de marzo, alegando la falta de acciones por parte de Colombia para controlar la inseguridad fronteriza y el desequilibrio comercial entre ambos países.
Colombia respondió con cambios en los aranceles a un amplio conjunto de productos ecuatorianos —incluidos bienes agrícolas, industriales y manufacturados— y con decisiones energéticas que afectaron el suministro eléctrico a Ecuador en medio de las tensiones. Ya no estamos ante una simple disputa comercial: las medidas económicas se convirtieron en el lenguaje diplomático de una querella de seguridad.
El cuarto punto es la cercanía de Noboa con Trump. Esa proximidad no es retórica sino operativa. Noboa participó en la cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Trump, y celebró que “ese tiempo se les acabó” a las mafias; en esa misma línea, Ecuador y Estados Unidos ejecutaron operaciones conjuntas contra un refugio de los Comandos de la Frontera en territorio ecuatoriano.
Todo ello ubica a Noboa en un eje hemisférico de seguridad mucho más cercano a Washington que a Bogotá. El problema no es solo ideológico. Es que esa cercanía tiende a traducirse en una lectura binaria del conflicto: aliados contra mafias, países cumplidores contra vecinos permisivos. Y Colombia, en esa narrativa, queda del lado incómodo.
Justamente, es la política exterior condensada en el ya mencionado “Escudo de las Américas”. Noboa ha insistido en que no tiene tinte ideológico, pero los hechos desmienten parcialmente esa presentación: la cumbre impulsada por Trump se planteó como una coalición hemisférica contra el narcotráfico y el crimen organizado, con la llamativa ausencia de Colombia, Brasil y México.
Más aún, se la presentó también como respuesta a influencias extranjeras y como plataforma para intensificar la cooperación militar y el intercambio de inteligencia. En otras palabras, el “Escudo” reordena el mapa regional en clave de seguridad alineada con Washington.
Y cuando Colombia no entra en ese diseño, o solo aparece como problema de frontera y no como socio estratégico, la distancia con Ecuador deja de ser accidental y empieza a ser doctrinal.
El quinto punto es el más delicado: los bombardeos desde Ecuador. El antecedente más grave de tensión militar entre Colombia y Ecuador sigue siendo el bombardeo colombiano del 1 de marzo de 2008 contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes.
Quito rompió relaciones diplomáticas, movilizó tropas hacia la frontera y denunció una violación flagrante de su soberanía; durante días, la región estuvo al borde de una escalada armada que solo se desactivó por presión diplomática continental.
Ese episodio dejó una marca profunda: desde entonces, la frontera dejó de ser solo un problema policial o de contrabando y pasó a ser un espacio donde la lógica de persecución transfronteriza puede imponerse al derecho internacional.
El 17 de marzo de 2026, Petro denunció que Colombia estaría siendo bombardeada. Noboa negó la acusación y sostuvo que las operaciones militares ecuatorianas se realizan únicamente en su territorio. Esto, en medio de una escalada previa por narcotráfico, aranceles y la cooperación militar de Quito con Washington.
Las fronteras como fuente de tensiones
En conjunto, las guerras de frontera mencionadas al inicio y la crisis colombo-ecuatoriana comparten varios rasgos: la “securitización” absoluta del borde: el vecino deja de ser un interlocutor y pasa a ser el origen de la amenaza; el desplazamiento del lenguaje diplomático por el vocabulario bélico; la mezcla de conflicto interestatal con actores no estatales; la legitimación de medidas unilaterales bajo la tesis de que el otro “no controla” su territorio y, finalmente, la presencia de potencias o de alineamientos externos que endurecen la lectura del conflicto: China en Asia, Estados Unidos en el caso ecuatoriano.
La diferencia (y lo positivo) es que Colombia y Ecuador todavía no han cruzado del todo el umbral militar abierto. Las guerras de frontera de estos días enseñan precisamente eso: primero cambia la narrativa, después la frontera y, finalmente, las reglas.
Por eso, sería ingenuo creer que el caso es menor. Muchas guerras no empiezan con una declaración formal sino con una acumulación de pequeños actos que van rompiendo las barreras de contención: un arancel que ya no es comercial sino punitivo, un discurso que culpa al vecino, una operación conjunta con una potencia externa, una acusación de un bombardeo.
PD: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la posición de la institución para la cual trabajaba. El autor es asesor presidencial del gobierno colombiano.
