Víctor de Currea-Lugo | 11 de junio de 2025
Este 11 de junio, mientras el presidente Gustavo Petro encabezaba en Cali una multitudinaria marcha en defensa de la reforma laboral, desde la Casa de Nariño se hacía público el Decreto 0639 de 2025, que convoca una consulta popular.
La coincidencia no es menor: el decreto es más que un documento administrativo. Es una declaración política con todas las letras. Un acto de protesta institucional frente a lo que el Gobierno considera una asonada antidemocrática del Congreso. Y es también, sin ambages, una invitación directa al pueblo a pronunciarse allí donde los senadores se niegan a escuchar.
En las más de 30 páginas del decreto hay algo más que citas jurídicas y doctrinarias, hay una disputa por la democracia. El Gobierno no solo convoca a las urnas, sino que denuncia con nombres y fechas un procedimiento parlamentario amañado, carente de deliberación, opaco y arbitrario.
Lo ocurrido en el Senado el pasado 14 de mayo, según el decreto, no fue un simple voto negativo, sino una decisión viciada de nulidad: no se leyó lo que se iba a votar, se cerró el debate a destiempo, se impidió la participación de senadores presentes, se cambió el sentido de un voto después del cierre, y se negó una apelación de forma irregular. El Gobierno lo dice sin rodeos: el Senado actuó contra la Constitución.
El telón de fondo es la reforma laboral, uno de los pilares programáticos del actual gobierno y también uno de los puntos más resistidos por las élites de los sectores económicos y políticos. Al convocar la consulta, el Ejecutivo no solo denuncia un bloqueo institucional, sino que busca reactivar por vía directa una agenda de justicia social que ha sido saboteada desde el Congreso.
Las 12 preguntas que se pondrán a consideración del electorado tienen como eje común los derechos de quienes trabajan: empleadas domésticas, madres comunitarias, jóvenes, campesinos, personas con discapacidad, trabajadores digitales. En ese sentido, la consulta no es neutra ni técnica: es una confrontación directa entre dos modelos de país.
La filosofía detrás de la consulta popular
El decreto, hay que decirlo, tiene un tono poco habitual. No se limita a citar leyes: interpela, denuncia, argumenta. Se lee como un acto de defensa del principio democrático frente a un Congreso que se comporta como bloque de contención.
Al hacerlo, el Gobierno acude a la excepción de inconstitucionalidad: cuando un acto legislativo contradice abiertamente la Constitución, se puede -y se debe- inaplicar. Esta figura, que normalmente se reserva a los jueces, es aquí asumida por el Ejecutivo como última línea de defensa ante un poder legislativo que, a juicio del decreto, traiciona su papel de representar al pueblo.
Pero esto no es solo una batalla jurídica. Es una disputa sobre qué entendemos por democracia. El decreto cita a Habermas y Luhmann, habla de procedimientos deliberativos, de legitimidad por el debate y por la forma. Pone la filosofía en la primera línea del debate.
Pero lo central no está en la teoría sino en el diagnóstico: el Congreso está impidiendo que se debata, que se escuche, que se decida de forma transparente. Se convierte así en una traba, no en una expresión de la soberanía popular. Y el Gobierno, al acudir al pueblo, revindica que esa soberanía no se ha transferido ni se ha extinguido: está viva, dispuesta a pronunciarse.
En el fondo, lo que aquí se disputa no es solo una reforma laboral, sino el sentido mismo de la representación. La consulta popular se presenta como respuesta al cierre del debate, como canal alternativo cuando el Congreso se niega a ejercer su función con transparencia.
Por eso la mención constante al debido proceso, a la publicidad, al derecho de los ciudadanos a saber qué se vota, cómo se vota y quién vota. Sin ese conocimiento, la representación se convierte en simulacro.
El Decreto 0639, más que un texto técnico, es un manifiesto político. Denuncia cómo se vacía la democracia cuando se convierte en ritual sin contenido. Y propone lo contrario: que sea el pueblo quien decida, sin intermediarios, si quiere o no recuperar derechos laborales que le han sido sistemáticamente negados.
Es, en ese sentido, una declaración de principios: que gobernar no es solo administrar, sino abrir cauces cuando los caminos tradicionales se cierran.
Es probable que desde ciertos sectores se acuse al Gobierno de querer pasar por encima de las instituciones. Pero la pregunta que subyace es otra: ¿qué hacer cuando las instituciones no cumplen con su función democrática? ¿Aceptar el cerco o desafiarlo por vías legales, pero audaces?
En tiempos de bloqueo, el Decreto 0639 plantea una apuesta: que el pueblo hable. Y en ese gesto, lo que está en juego no es sólo una reforma, sino el futuro de la democracia colombiana.
