Víctor de Currea-Lugo
“Tenemos que ser eficaces. No podemos olvidar la manera de hacer bien la política… Hacer bien la política es como hacer bien un sancocho. Hay que echarle la yuquita, el plátano, la papita. Hay que rebullirlo. Hay que mirarlo. Hay que estar atentos para que no se queme. Hay que echarle ajicito, poner la música, hacerle sombra debajo de un almendro… Es que sin almendro y sin música no hay sancocho que resulte bueno”
Jaime Bateman Cayón
A veces con hambre si hay pan duro (o de las garantías)
“Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”
Acuerdo de Diálogos Gobierno – ELN (I.2.c)
La sociedad colombiana, es en cuestiones de paz, una sociedad resabiada. En Arauca, por ejemplo, todavía se recuerda la traición de la que fue víctima Guadalupe Salcedo. El exterminio de la Unión Patriótica y el asesinato de Carlos Pizarro son otros ejemplos. La sociedad colombiana no es novata en la guerra ni en los intentos de paz.
Usualmente, a la respuesta afirmativa de querer participar en un proceso de paz le sigue un “pero”. Ese pero guarda relación con los temores y prevenciones, para nada gratuitos del potencial costo de acercarse a la paz. Desde el asesinato de voceros sociales en el marco de una negociación hasta el incumplimiento sistemático de lo acordado, son realidades que pesan y mucho cuando la sociedad discute sobre su eventual participación.
La formulación de garantías no nace de un borrón y cuenta nueva, sino que interroga la tendencia estatal y sus prácticas políticas en procesos de negociación previos con la sociedad, por eso el escepticismo desde las regiones, frente a un gobierno centralista, es (casi) proporcional a la distancia de la capital. “Que el Estado colombiano conozca la seriedad de los acuerdos y de las firmas que ha plasmado en esas actas de compromiso, respetando eso (lo acordado) y reconociendo eso” decían en Arauca. Un reclamo en Nariño es que “el gobierno debe cumplir con los compromisos atrasados”, pero este cumplimiento de acuerdos atrasados no es del todo percibido como un gesto de paz sino más exactamente “como un gesto de responsabilidad”.
Las mayores demandas que hace la sociedad es que exista una real voluntad política de negociar. Sin embargo, esta noción es bastante etérea y de difícil medición. En general, podríamos decir que la voluntad política se mide en declaraciones oficiales pero, principalmente, en los actos que acompañen dichas declaraciones. Así, la voluntad política que se reclama encaja mucho con la idea de ir avanzando en acuerdos parciales, incluso durante el proceso de negociación. Decía un campesino del nororiente: “Primero que me garanticen, que lo que yo voy a proponer va a ser tema de discusión”.
Un ejemplo de esa falta de voluntad política es el desconocimiento de las necesidades concretas que, a veces por décadas, han mencionado las comunidades y que no son percibidas de igual manera por los actores del conflicto. Como decía un dirigente nacional indígena sobre el racismo: “Ni los defensores del capitalismo, ni del socialismo, ni voluntad, ni compromiso, ni nada para enfrentar el problema del racismo y la discriminación”.
A veces la voluntad política se busca en “pequeños detalles”. Por ejemplo, la logística de la participación se piensa desde los escritorios y no desde las comunidades. Un dirigente llanero me decía: “Cuando solicitamos que si había un tipo de auxilio de transporte al menos, y nos dijeron que agradeciéramos tan solo que estaban abriendo el espacio, cuando nosotros como comunidad realmente somos insumos para ellos”. Desde el respeto a las agendas locales hasta esos pequeños detalles, aparece una lista de requisitos que podemos agrupar como garantías para la participación.
La protección elemental más solicitada es la de la protección física. Como dicen las feministas del Huila: “Una garantía innegociable es que por sentarnos a hablar no nos vayan a matar”, lo que depende no solo del acto de sicariato sino del contexto que lo alimenta: “Si uno está en guerra y va a entrar hacia una ruta de paz, tiene que comenzar a ir desactivando progresivamente las cosas que mantiene la guerra”.
Pero no basta con escoltas y carros blindados, como pretende el gobierno. La gente pide garantías porque quiere participar: “Pues, pedimos garantías jurídicas, garantías políticas y garantías físicas. Con esas garantías nosotros nos iríamos a hacer los aportes que haya que dar”.
Decía un líder vallenato: “No es que pasado mañana yo salga siendo terrorista, o salga siendo subversivo porque me senté en una mesa a hablar con el Estado y la insurgencia, como llevo una agenda de movimiento social eso para el Estado es subversión. Entonces pasado mañana yo salgo judicializado, o peor asesinado o desaparecido”.
Por eso la solución está en proteger la participación. Según un trabajador de derechos humanos de Barranca, ““En La Habana se debe ganar desde la mesa un blindaje al movimiento social como los garantes a la implementación, si no se gana eso, difícilmente, el movimiento social va a entrar en las regiones a hablar de la implementación de los acuerdos”.
Es necesario subrayar que no se trata simplemente de la protección física (que también es importante) mientras van a una reunión en el marco de la negociación, se trata de un sentido amplio de la noción de garantías. Según un dirigente nacional indígena: “La primera garantía: que nos reconozcan, la segunda garantía: cualquier dialogo se hace sobre la base de los derechos ya adquiridos para ampliarlos, no de derechos ya adquiridos para sustituirlos”. Un amigo, dirigente del Sur del Bolívar, lo repetía así:
“Primero es que se nos respete como pobladores, como campesinos, tanto los grupos al margen de la ley, como el gobierno; segundo, que se nos tenga en cuenta al campesinado, y lo más importante, es que igualmente en esas negociaciones se cumplan las exigencias que hemos venido haciendo: primero es el derecho a la vida, permanencia en el territorio donde cada campesino vive. Mientras no haya las garantías de respeto, de derechos humanos para los campesinos de este país, que están en una mesa de negociación con dos o tres actores, eso sería muy difícil porque los enemigos de este proceso no se van a quedar quietos. El campesinado somos los que hemos sufrido el conflicto, y si no se nos reconoce lo que hemos sufrido, que vivimos la pobreza en las regiones, el abandono total del gobierno, y no se nos tenga en cuenta para una negociación ¿de qué paz se está hablando?”.
Una garantía pedida de manera extensa es la escucha, la escucha honesta, con sentido auto-crítico por parte de los negociadores. Como decía una activista por los derechos de las víctimas en Boyacá:
“La verdad, que tanto el gobierno como el ELN esté dispuesto a reconocer que la cagaron, que no vayan a argumentar su violencia, sobre todo, que vayan a escuchar. No que sea el protocolo de ahora van hablar los victimarios y las víctimas tienen que escuchar indiscriminadamente todo. Usted puede necesitar preguntarle al victimario, pero usted no le quiere preguntar, ni escuchar, solo le quiere decir que es un hijueputa, que le arrancó la vida, los sueños, todo. No es escuchar a estos describir los hechos, porque los describen como si no les doliera. Que no vayan con la disposición de justificar lo que hicieron”.
Por eso las garantías no pueden limitarse a una lista racional de mínimos, sino que deben involucrar aspectos emocionales que son sustantivos. En palabras de un activista santandereano: “A ellos que les importa si a uno lo dejan invalido. Ellos primero que todo deberían mirar en qué estado dejaron a las víctimas, que las reparen primero. Que digan dónde están los desaparecidos, por qué hicieron esas cosas, por qué se fueron contra nosotros”. En el mismo sentido, desde su silla de ruedas, una víctima antioqueña decía: “Restituir a la víctima, lo que le quitaron hasta dejarlo mejor que antes ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Cuándo me van a parar a mí de esta silla? Yo eso no lo creo. A estas personas que les desaparecieron sus hijos o a sus esposos ¿Cuándo se los van a volver a revivir?”.
Insistamos en el problema de la lista de garantías. No es claro si es cinismo o ingenuidad, por ejemplo, la forma en que se aborda el debate sobre la participación política en los acuerdos. En una discusión con unos delegados del gobierno, llamó la atención la preocupación por entender que el problema de la participación estaba supeditado a un problema de umbrales, es decir, toda la discusión era absolutamente tecnocrática sobre cuanto debía subirse o bajarse el umbral, de tal manera que la gente participase, pero el debate central no tiene relación con la participación en términos numéricos, sino en términos de posibilidades reales, es decir, de nada sirve que el umbral aumente o disminuye si la gente la siguen matando, por tanto, no se trata de que se responda de la forma jurídica sino desde la realidad política.
Pedir garantías implica reconocer que hay enemigos de la paz, poderosos y organizados, que el Estado debe identificar y combatir, si de verdad quiere proteger el proceso. Como decía un campesino del nororiente colombiano: “Tampoco podemos esconder que hay un sector poderoso en Colombia que no quiere la paz y que pagaría cualquier precio para que eso no se dé, y en ese precio está la vida de las organizaciones sociales”.
