Víctor de Currea Lugo | 20 de octubre de 2016
Hace algunos meses tuve una discusión con una periodista judía que insistía en que Jerusalén era la capital de Israel, lo que derivó en una apuesta. Ahora, la disputa entre Israel y la Unesco hace que renazca el debate sobre la naturaleza jurídica de la ciudad sagrada.
Jerusalén es una ciudad con un estatuto especial. Desde los años cuarenta, fue precisamente Colombia quien propuso “la internacionalización de Jerusalén”, otorgando neutralidad permanente a esta ciudad y a otros lugares por medio de un estatuto especial, entendiendo Jerusalén y Belén como Corpus Separatum, dependiente en forma principal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Parte del sueño sionista es la anexión total de Jerusalén y hacer de ella la capital de Israel. Desde la ocupación militar de Cisjordania y Jerusalén (1967), tal tendencia se ha fortalecido, pero, a pesar de ello, ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, ha instalado su embajada en Jerusalén.
El Consejo de Seguridad recordó en 1971 el “principio de que la adquisición de territorio por conquista militar es inadmisible” y condenó las decisiones israelíes diciendo que “todas las medidas de carácter legislativo y administrativo que haya tomado Israel con el fin de alterar el estatuto de la ciudad de Jerusalén, incluso la expropiación de tierras y bienes, el traslado de habitantes y la legislación destinada a incorporar el sector ocupado, son totalmente nulas y no pueden modificar ese estatuto”.
Después, Israel aprobó una ley básica (en julio de 1980), por medio de la cual declara que Jerusalén, “en su integridad y unificada”, sería su capital. El Consejo de Seguridad rechazó tal norma por violar el derecho internacional y precisó que “todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, son nulos y carentes de valor”. El Consejo pidió, al mes de la declaración israelí, “no reconocer la ‘ley básica’ y las demás medidas de Israel que, como resultado de esta ley, tengan por objeto alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén”.
Esas resoluciones relacionadas con Jerusalén fueron tenidas en cuenta por la Corte Internacional de Justicia en 2004. Al examinar el estatuto jurídico de la ciudad y su relación con el muro, la Corte concluyó que “Todos esos territorios, incluida Jerusalén oriental, siguen siendo territorios ocupados e Israel sigue teniendo la condición de Potencia ocupante”.
La periodista de la apuesta terminó aceptando su equivocación diciendo: “Soy más sionista de lo que pensaba y menos propalestina de lo que creía”. En ella no había mala fe sino un mito, alimentado por un discurso oficial contrario al derecho.
