Víctor de Currea-Lugo | 26 de abril de 2016
Empezó la negociación con el ELN y, de la agenda propuesta, cada cual lee lo que quiere leer; desde quien ve el camino a la paz hasta quien solo ve confusión y adjetivos inconexos. A pesar de las interpretaciones, podemos indicar ciertos elementos claros, para la realización de “conversaciones directas e ininterrumpidas”.
La agenda tiene dos partes: los ejes del debate y unas consideraciones sobre la fase pública. La naturaleza de la agenda es de una cadena de fases interconectadas: por ejemplo, el punto 3 depende de lo que se avance en el punto 2.
Participación de la sociedad
La agenda puede reducirse a una sola palabra: participación, lo que traduce en inclusión política. De hecho el ELN apunta a un gran ‘ensayo general para la democracia’ antes que a una discusión de puntos específicos. Esto tiene ventajas y desventajas: desventajas porque todo podría ser discutido y es necesario acotar temas y tiempos; ventajas porque fuerza a implementar, de facto, la noción constitucional de ‘democracia participativa’. Esto no puede ser una ceremonia vacía sino acciones hacia “la construcción de ciudadanía”.
El gobierno desearía unos foros como los organizados para el proceso en La Habana y el ELN quisiera una Convención Nacional, pero lo cierto es que sería un modelo de participación en la brecha entre las dos propuestas, sin que se tenga precisión qué es. Urge tener una metodología de participación, lo que obliga a ‘desideologizar’ el debate de la paz hacia una demanda de propuestas concretas. Más allá de la mesa, se busca unas garantías duraderas y reales para el ejercicio de la acción política.
Implementación
Esta nueva mesa se preocupa por las dudas de la implementación de otros procesos. Por eso, de manera explícita, la agenda incluye un punto de implementación. El éxito del proceso no está centrado en la firma sino en lo que pasa después. El ELN dijo que no se firmará nada que no pueda cumplir y que lo firmado debe ser implementado. Podríamos dentro de la buena fe, asumir el mismo punto de partida para el gobierno.
La agenda apunta a contar con mecanismos de control, seguimiento y verificación, una especie de veeduría específica para el proceso y que estaría compuesta por las partes de la mesa, la comunidad internacional y la sociedad colombiana, en el marco de un “Plan General de Ejecución”.
Fin del conflicto armado
La participación es la cuota en la que el gobierno cede (y lo que teme), pero el ELN también puso lo suyo: aceptar la posibilidad del fin del conflicto armado. Este compromiso público adquirido (no necesariamente irreversible) es muy significativo. Para el gobierno el afán es acabarla guerra, para el ELN empezar la construcción de paz. El reto está en compaginar esas dos intenciones pero, subrayando la necesidad de contar con seguridad para la paz y la dejación de armas; pero hay en contravía un elemento que pesa en el texto y en la realidad: el paramilitarismo.
Esas garantías incluyen decisiones jurídicas, acciones humanitarias, cese bilateral y medidas de seguridad. Estos puntos, sin embargo, podrían no estar atados a la linealidad de la agenda propuesta y podrían ser adelantados, si las partes así lo deciden.
Complementariedad con La Habana
La voluntad de la mesa, explícita, es establecer “mecanismos con la Mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía”. Esto recoge los llamados a ‘dos mesas, un proceso’, pues temas como víctimas y justicia transicional, no podrían tener dos alcances de diferente nivel.
Hay dos frases que resumen dicha conexidad: la búsqueda de un “nuevo consenso político” lo que presupone “cambiar la forma de hacer política en Colombia”. La fusión de los procesos no es solo de temas sino de ritmos de implementación.
Los riesgos del diálogo con el ELN
Ojalá el gobierno entienda que una tregua multilateral protege el proceso de La Habana y fortalece el proceso con el ELN; ojalá la sociedad organizada entienda que la necesidad de contar con mecanismos de participación es una necesidad inmediata y que no puede remplazarse con la enumeración de las causas de la guerra y de sus perversas consecuencias.
Pero los riesgos del proceso con el ELN son muchos: a) el problema de los recursos para la implementación que también faltan en el caso de las FARC; b) la persistencia paramilitar, con unos tentáculos que crecen y se consolidan en, por lo menos, 338 municipios; c) el desgaste del tiempo, tanto del político como del que da la legitimidad del proceso; d) la falta de una estrategia de comunicación de la mesa para la sociedad aceptando que esta “requiere información objetiva y equilibrada” y, e) especialmente, la falta de audacia política de los equipos negociadores.
Publicado originalente en El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/opinion/lo-que-dice-la-agenda-gobierno-eln-columna-629287
