Víctor de Currea-Lugo | 24 de marzo de 2026
Washington habla de “conversaciones muy productivas”; Teherán responde que no hay ninguna negociación y, mientras tanto, los ataques continúan.
Es la vieja fórmula de dialogar mientras se bombardea, solo que esta vez parece haber llegado a su límite. Irán no negociará bajo un ultimátum y Estados Unidos aprende que la fuerza no garantiza la obediencia política.
El episodio del estrecho de Ormuz resume bien la situación. El ultimátum estadounidense de 48 horas para reabrirlo fue seguido de amenazas iraníes de atacar toda la infraestructura energética regional y, finalmente, de una prórroga de cinco días, acompañada de anuncios de diálogo. No fue un gesto de fuerza sino de contención: cuando la guerra amenaza con desbordarse hacia el sistema energético global, incluso las potencias necesitan ganar tiempo.
Lo más significativo no es quién golpea más fuerte sino quién fija la dinámica. Irán ha mostrado capacidad para escalar selectivamente sin provocar un colapso total, mientras Estados Unidos enfrenta límites políticos, económicos y militares reales.
Las monarquías del Golfo —aliadas de Washington— presionan por la desescalada no por afinidad con Teherán, sino por instinto de supervivencia: su riqueza depende de infraestructuras extremadamente vulnerables. Así, los socios de Estados Unidos terminan actuando como mediadores incómodos en favor de una negociación que Irán ni siquiera ha solicitado formalmente (aunque a veces insisten en aumentar la presión militar sobre Irán).
Negociar, en este contexto, no es un signo de paz sino de agotamiento estratégico. Para Washington, aceptar las condiciones iraníes equivaldría a reconocer que la coerción falló. Para Teherán, volver simplemente al statu quo anterior sería inútil: cualquier acuerdo deberá incluir garantías de no agresión futuras.
Pero hay un obstáculo más profundo que no aparece en los comunicados ni en las filtraciones: la credibilidad del interlocutor. Estados Unidos no negocia como un actor abstracto, sino como el país que abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015 y como el gobierno que hoy está encabezado por un presidente con historial de anuncios grandilocuentes, cambios abruptos y negociaciones que luego niega o reformula. Para Teherán, cualquier promesa estadounidense es, por definición, reversible.
Por eso, Irán exige garantías extraordinarias y niega públicamente la existencia de conversaciones. Reconocer una negociación con un interlocutor percibido como poco fiable debilitaría su posición tanto interna como regional. La desconfianza no es ideológica sino estratégica: no se trata de si Washington quiere un acuerdo hoy, sino de si lo respetará mañana.
El problema no es solo qué se negocia sino quién garantiza su cumplimiento. En ese vacío de confianza se explica el papel creciente de mediadores regionales como Omán o Qatar, que funcionan como canales y, al mismo tiempo, como seguros políticos mínimos. Sin terceros, el diálogo directo es casi imposible.
Pero el actor decisivo en esta crisis es el mercado energético mundial. El estrecho de Ormuz no es solo un escenario militar sino la válvula por la que circula una parte sustancial del petróleo del planeta. Cada amenaza de cierre dispara los precios, altera las cadenas de suministro y pone en alerta a economías enteras, desde Asia hasta Europa.
Por eso incluso países que no participan en la guerra presionan discretamente por una desescalada: no temen tanto a una victoria iraní o estadounidense como a un colapso energético global. En última instancia, la urgencia por negociar no nace de la diplomacia sino del miedo.
Lo que pediría Estados Unidos
Un primer debate sería preguntarnos si Donald Trump tenía un plan A para entrar en guerra. Y si ese plan fuera la caída del gobierno iraní y su destrucción en pocos días, pues ya fracasó estrepitosamente.
No existe un documento oficial con “los 15 puntos” atribuidos a Washington, pero el patrón es reconocible: prioridad absoluta a la seguridad energética global y al dossier nuclear. La reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de los ataques contra la navegación comercial serían objetivos inmediatos.
A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a congelar los ataques contra la infraestructura energética iraní, al menos temporalmente. El núcleo duro, sin embargo, sigue siendo el programa nuclear.
Washington exigiría el control internacional del uranio enriquecido, la suspensión del enriquecimiento a niveles sensibles y mecanismos de verificación reforzados. Incluso el destino del material ya producido resulta un punto crítico: no basta con impedir la aparición de nuevas capacidades si el stock existente permanece intacto.
Otros elementos probables incluyen garantías de seguridad marítima y el compromiso iraní de no minar el Golfo. Todo apunta a un acuerdo técnico y provisional, orientado a evitar una catástrofe regional más que a resolver las causas profundas del conflicto.
Washington también buscaría restringir la capacidad de los misiles iraníes y el alcance militar; es decir, la red de aliados armados de Irán en la región. Para Estados Unidos y especialmente para Israel, esa arquitectura de poder —drones, misiles y milicias— representa una amenaza más inmediata que la bomba atómica.
Pero el verdadero poder disuasivo de Irán no reside únicamente en su territorio sino en su red regional de actores armados. Hezbollah en el Líbano, las milicias en Irak, los hutíes en Yemen y otros aliados constituyen una arquitectura de presión capaz de golpear a Israel y a los intereses estadounidenses sin necesidad de un enfrentamiento directo entre Estados.
Para Washington, limitar ese entramado es tan importante como frenar el enriquecimiento nuclear, porque es lo que convierte a Irán en una potencia capaz de proyectar fuerza más allá de sus fronteras.
Estados Unidos enfrenta el costo político: el aumento de los precios, la incertidumbre en los mercados y el desgaste de una nueva confrontación militar en Oriente Medio alimentan la necesidad de mostrar resultados rápidos. Más que una victoria total, Washington necesita una salida que pueda presentarse como una estabilización.
Lo que pediría Irán
Las demandas iraníes son menos ambiguas porque llevan dos décadas formulándose. La primera es el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio con fines civiles conforme al Tratado de No Proliferación. Teherán nunca ha aceptado la opción de “cero enriquecimiento”; hacerlo equivaldría a admitir una derrota estratégica.
La segunda es el levantamiento sustancial de las sanciones. Sin un alivio económico, cualquier concesión nuclear sería políticamente inviable en Irán. Esto incluye no solo restricciones petroleras, sino también sanciones financieras que afectan a terceros países y paralizan la economía iraní.
El recuerdo de la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015 pesa enormemente. Por eso, Teherán exige garantías de que Washington no volverá a abandonar un pacto futuro. Sin mecanismos de cumplimiento, cualquier acuerdo sería visto como papel mojado.
A esto se suman demandas de seguridad: fin de las amenazas militares, reducción de la presencia estadounidense en el Golfo, cese de las operaciones encubiertas y reconocimiento de Irán como potencia regional legítima.
Incluso aparece, de manera recurrente, la exigencia de abordar el arsenal nuclear israelí al menos en términos diplomáticos, como forma de equilibrar el debate. En síntesis, Irán no busca solo sobrevivir a la crisis actual sino redefinir la arquitectura de seguridad regional a su favor.
Más allá de sanciones o de centrifugadoras, Teherán necesita una victoria política mínima: demostrar que resistió sin capitular. Un acuerdo percibido como una imposición externa sería inaceptable para la élite iraní y peligroso para la estabilidad interna del régimen. Por eso, sus demandas combinan seguridad, reconocimiento y compensación: no buscan solo alivio económico, sino también legitimidad estratégica.
Washington quiere cerrar la guerra; Tel Aviv necesita ganarla
Las agendas de Estados Unidos y de Irán no tienen puntos en común; más exactamente, son dos propuestas absolutamente opuestas, por lo cual la batalla se traslada, sin grandes cambios, del terreno a una eventual mesa de negociaciones.
La tensión más profunda no está entre Washington y Teherán sino entre Washington y Tel Aviv. Estados Unidos puede conformarse con declarar victoria y estabilizar la región; Israel necesita una derrota estratégica de Irán para restaurar su disuasión.
Un acuerdo negociado que deje intacto el programa nuclear iraní —aunque limitado— sería políticamente aceptable para Washington, pero difícilmente para el gobierno israelí, que ha construido su legitimidad interna sobre la eliminación de esa amenaza. Si la guerra termina sin ese resultado, el liderazgo israelí quedaría severamente cuestionado.
La divergencia no es táctica sino estratégica. Washington busca estabilizar la región y contener el daño económico global; Israel busca modificar de forma permanente el equilibrio de poder frente a Irán. Un acuerdo que congele la crisis puede ser suficiente para Estados Unidos, pero insuficiente para un gobierno israelí que ha presentado la guerra como una lucha existencial. En última instancia, ninguna de las partes puede permitirse perder, pero tampoco puede garantizar la victoria.
PD: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la posición de la institución para la cual trabajaba. El autor es asesor presidencial del gobierno colombiano.
