Víctor de Currea-Lugo | 29 de diciembre de 2017
Los incidentes que han acompañado el cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, eran esperables. Todo cese va unido a la palabra riesgo, lo que se expresa en los incidentes. No hay ceses perfectos y, aunque este ha tenido problemas, trajo alivios reales a comunidades en zonas concretas, que no es poca cosa. Además, el cese ha funcionado a pesar de que no hubo separación de las fuerzas ni concentración de las tropas del ELN, lo que permite un balance positivo.
No hubo combates entre el gobierno y el ELN, aunque los hubo con otros actores armados que no estaban comprometidos a respetar lo pactado en el cese. Hubo mejorías reales de la situación de las comunidades como lo constató la iglesia católica, mejorías de las que no son conscientes los habitantes de las grandes ciudades. Tampoco hubo ataques a la infraestructura.
Una de las cosas que más generó tensiones fue la interpretación de los términos del cese y de los protocolos. Una discusión semántica (como muchas en Colombia) pero con delicadas implicaciones. Eso se hubiera podido resolver si las partes contasen con un glosario, algo elemental pero inexistente en el actual proceso. Y no hablo de un glosario repleto de tecnicismos jurídicos, sintácticos o gramaticales que puede hacer más difícil una interpretación común de lo pactado. Hablo de un glosario que permita precisar a qué se refieren las partes. La ambigüedad, dicen en las escuelas de mediación, es la peor de las estrategias a la hora de formular un cese al fuego.
Las quejas del Gobierno se centran en Chocó, siendo el caso más mencionado la muerte de un líder social por parte del ELN. Los reclamos del ELN son numerosos, pero menos conocidos: según ellos, el Gobierno se reserva el derecho de decidir cuáles hechos pueden ser evaluados por el Mecanismo de Verificación y cuáles no, actuando así como juez y parte. Además mencionan que continúa el asesinato de líderes sociales (tema que es parte del cese al fuego); hubo dos ataques a campamentos insurgentes y agresiones en varias cárceles a presos del ELN por parte del INPEC, esto último a pesar de que el punto de alivios humanitarios incluía a la población carcelaria.
El debate sobre el Mecanismo de Verificación del cese no es técnico, es político. Así que su solución no depende de indicadores sino de la voluntad de las partes para reactivarlo. Pero precisamente como no es un asunto mecánico, los negociadores y sus acompañantes deben ser claros no sólo en qué ha logrado el Mecanismo sino, sinceramente, en qué ha fallado, para poder repararlo.
¿Hacia un nuevo cese?
Ante la necesidad de renegociar el cese al fuego, hay temores de que se imponga la propuesta de romper el cese actual, irse a la guerra, para luego renegociar un segundo cese. Lo que es poco recomendable. Hay muchas razones para prolongar el cese, desde las políticas hasta las humanitarias, pero aquí voy a mencionar solo algunas relacionadas con el costo de romperlo:
La dinámica de la guerra en Colombia ha dado lugar (para explicar, no para justificar) a la violación de las normas del derecho internacional humanitario. Por tanto, la reanudación de los combates se medirá no solo en muertes y heridos de ambos lados, sino en las consecuencias que eso representa para las comunidades, que van desde la restricción del acceso a alimentos hasta los bombardeos, pasando por desplazamientos.
El miedo disminuirá de manera directa la participación de la sociedad en la Mesa entre el Gobierno y el ELN. Si bien es cierto hay una trayectoria muy valiente de participación aún en medio de las hostilidades, el temor aumentará sobre todo entre los indecisos de acompañar el proceso de paz. Las más golpeadas serán las regiones rurales, donde ya se han vivido las consecuencias de la guerra, de la exclusión socio-política y económica y donde, precisamente, el ELN tiene su base social.
En las ciudades, el proceso de Quito no tiene una buena percepción, en parte por la ignorancia y en parte por el prejuicio. Una ruptura del cese al fuego, además, implicaría una pérdida marcada de la (poca) legitimidad con que cuenta el actual proceso de paz, diezmado por la mala prensa, por el desgaste del proceso de La Habana y el desembarco de las campañas electorales en curso. La ruptura de la tregua sumará votos a los enemigos de la paz, encarnados en el Centro Democrático.
Pero lo más grave es que la ruptura del cese, con el fin de luego renegociar un segundo cese, podría llevar a la ruptura total del proceso de diálogo. Será difícil, luego de un cese imperfecto pero real, saltar a una ofensiva militar y pensar que en pocos días las partes puedan sentarse de nuevo a dialogar. Esto además es difícil tanto por la poca legitimidad del proceso, por la imagen desfavorable que en las grandes ciudades tiene el ELN y el poco oxígeno que le quede al gobierno de Santos.
Ojalá las partes (porque la sociedad sigue más en modo: fiestas decembrinas) encuentren una fórmula para saltar a un nuevo cese sin transitar por unos días de guerra, lo que podría llevarse por delante un proceso que tanto esfuerzo ha costado.
