Víctor de Currea-Lugo | 18 de agosto de 2020.
Con la pandemia, el país se enteró de la fragilidad del sector salud y de la explotación laboral, pero esa crisis no empezó el 6 de marzo de este año, cuando se diagnosticó el primer caso, sino que lleva por lo menos 26 años, desde el nacimiento e implementación de la Ley 100 de 1993.
Una de las cosas que se muestra luego de la ley 100, es la restricción a la autonomía profesional y a la ética médica. Los profesionales de la salud, por estar atados a un sistema que vende un bien llamado salud, articulado en un mercado complejo y burocratizado, no pueden tomar decisiones autónomas, basada en la evidencia científica y en la responsabilidad de los profesionales de la salud para con sus pacientes.
Si entendemos como corrupción el acto de colocar lo público al servicio de lo privado, podemos decir, sin que suene a exageración, que el sistema de salud en Colombia es corrupto por naturaleza, porque coloca los bienes de lo público al servicio de unas empresas privadas, cosa que se evidencia de manera dramática en medio de la pandemia. Por tanto, es perverso cuando el Ministro de Salud sugiere que los problemas de corrupción dependen de decisiones individuales de algún trabajador de la salud, y no de un sistema que es estructuralmente corrupto.
Como la sociedad no logra tener conciencia de la naturaleza del sistema, arremete en medio de la pandemia contra la cara visible del sistema que es precisamente el trabajador de la salud, entendiendo por este no solamente al médico especialista, sino a una serie de empleados y empleadas que a veces desconocemos: camilleros, personal del aseo, conductores, bacteriólogas, fisioterapeutas y una larga lista de empleados de diferentes áreas.
Queda claro también que la protección no depende de los overoles, ni de los tapabocas que, además, todavía no llegan en su totalidad a manos del personal de salud. El problema es que la gestión en la organización de servicios han obedecido a lógica de venta de servicios. Es decir, buscan atender a un mayor número de pacientes por unidad de tiempo, utilizar al máximo los recursos para obtener más ganancias y hasta disminuir los gastos de mantenimiento para garantizar la competitividad.
Esa lógica es incompatible con la atención de una pandemia que implicaría el distanciamiento de pacientes, un mayor control en el mantenimiento, (por ejemplo en sistemas de ventilación) la adecuación de medidas logísticas para beneficio del personal de salud (duchas, lavanderías) y la instalación de barreras físicas que disminuyan la transmisión intrahospitalaria del virus. Es decir, hay un choque de dos modelos que muestra porqué la salud no debe cofinanciarse y que debe ofrecida con responsabilidad directa del Estado y supervisión eficaz.
La fragilidad del sector salud
Una de las prácticas que se observa es que el personal, si bien recibe algún tipo de elementos de protección personal, su frecuencia no es la adecuada. Eso permite a las empresas de la salud y a las aseguradoras, mostrar un aparente cumplimiento a las normas establecidas, pero lo cierto es que la falta de una dotación a tiempo, en una frecuencia oportuna, solo aumenta la precariedad y contribuye a que hoy por hoy haya un aumento importante del número de personal de salud contagiado.
Es cierto que la cobertura y la distribución de los elementos de protección personal ha mejorado, pero ese mejoramiento no se acerca al 100%. No es un debate estadístico, pues cada porcentaje de incumplimiento se mide en vidas humanas.
Es claro desde el comienzo que el Ministerio de Salud ha priorizado a las empresas de salud. Por ejemplo, prefirió entregarles la plata a las EPS antes que a los hospitales y a las clínicas para el manejo de la crisis. Recientemente, ha cedido a las presiones de las EPS de no hacer segundas pruebas al personal de salud, lo que significa disminuir la responsabilidad de la supervisión del personal sanitario en medio de la pandemia. Pero además algunas empresas han recortado de 14 a 10 los días de cuarentena, todo en el afán de recuperar de manera muy pronta la mano de obra sin que el Ministerio de Salud se pronuncie.
En otras epidemias que ha tenido el país en los últimos años, relacionados con las llamadas enfermedades tropicales, lo que se observa es que el modelo no ha cumplido con sus responsabilidades extrahospitalarias, ni con sus obligaciones de prevención. Por eso, es ingenuo y hasta perverso pensar que en una pandemia iba a cumplir un papel diferente al que ha cumplido frente a epidemias previas.
Parte de la perversión se observa cuando las aseguradoras, es decir, tanto las EPS como las ARL, no hacen una detección temprana de las poblaciones a las que se debe. Las EPS no están haciendo tamizajes poblacionales a sus afiliados como sería su deber, ni las ARL lo están haciendo con el personal de salud bajo su protección.
Lo anterior es más doloroso cuando vemos que las ARL y las EPS recibieron plata del Ministerio de Salud de manera directa y aun así los porcentajes de desprotección se mantienen en un nivel parecido de los que había al inicio de la pandemia. Las políticas de las EPS hacen imposible el cerco epidemiológico que nos habían prometido y ahora el negocio de las pruebas diagnósticas no hacen más que evidenciar el desequilibrio en el acceso al diagnóstico y al tratamiento en medio de la pandemia.
Como si todo lo anterior no fuera poco, se observa una discriminación en la dotación de los equipos de protección personal que se suministran a los médicos especialistas, pero no de igual manera al personal de enfermería o al personal auxiliar que está en un contacto incluso más permanente con los pacientes contagiados.
Y a esto se suma una sociedad profundamente racista que, como se ha documentado, continúa discriminando de manera sistemática al personal de salud en las calles y en los espacios públicos, como si la enfermedad dependiera de la presencia del personal de salud fuera de los hospitales. Un país discriminador y racista, siempre ha tenido un chivo expiatorio para esa práctica, sean indígenas, campesinos, inmigrantes, o ahora trabajadores del sector salud.
A pesar de que se demuestra un aumento de las horas de trabajo, de la carga laboral y disminución de los salarios; de que se ha respondido con paros, plantones y reclamos, las protestas siguen siendo actos marginales en un mar en el cual ya hay decenas de trabajadores del sector salud muertos por el Covid y miles de ellos contagiados.
Así las cosas con un sistema de salud privatizado, con condiciones laborales precarias, falta de equipos de protección personal, discriminación por parte de la sociedad y abandono por parte de las autoridades, no hay posibilidades reales de que salgamos bien librados de la pandemia.
NOTA: La base de las anteriores afirmaciones es el informe del grupo interdisciplinario: “Monitoreo Critico de Condiciones de Trabajo y Bioseguridad del Personal de Salud”, compuesto por 30 organizaciones de trabajadores del sector salud, publicado el 18 de agosto de 2020: boletin n.3 17 agosto 2020
