Para participar en el programa

Después de participar en varios debates sobre, valga la redundancia, cómo participar, me atrevo a formular algunas tareas para una sociedad que persiste, a pesar de las malas noticias y de la creciente lista de líderes asesinados, en construir la paz.

Primero, casi como un requisito indispensable, no para participar sino para participar con poder, es la unidad. La vieja idea de dos mesas y un proceso (con las FARC y el ELN, pero un solo país en la mente) debe mantenerse. No es un problema de sincronía entre relojes sino entre agendas. Y la suma de modelos y de intentos da más capacidad de incidir. Además por una razón de facto: en general los mismos que meterían el hombro a la implementación con las FARC serían los mismos a convocar en la participación para la Mesa con el ELN. Eso requiere un grado de coordinación, no de burocracia de izquierda, sino de espacios novedosos.

Y aquí aparece el primer reto: queremos una participación entre “los de siempre” o que sea capaz de convocar a los otros, siendo los otros desde los enemigos de la paz hasta los empresarios, pasando por los militares. Si es una cumbre de los movimientos sociales, pues ya tenemos hace décadas diagnósticos, quejas, listas de peticiones y hasta alternativas de solución. Pero esta no es el total de la sociedad convocada a participar.

Las preguntas son: ¿estará el empresariado motivado y dispuesto a participar para hablar, entre otras cosas, de las desigualdades sociales que los nutren? Si el Estado no los convoca, los obliga, veo muy difícil que de manera espontánea se sumen al proceso. Y ¿estará lo que se llama el sector popular técnicamente capacitado para dar los debates que cada tema demanda con la fortaleza teórica del caso?

Segundo, el carácter de la participación. En todos los desayunos por la paz (esa nueva forma gastronómica de la sociedad civil), se insiste en que tiene que ser vinculante. Frente a esto hay dos retos: que la sociedad organizada tenga la fuerza para imponerlo y que el Estado lo acepte. Hoy, la limitada fuerza de la sociedad hace que el carácter vinculante no pueda ser, objetivamente, un logro ya ganado o realizado porque se mencione entre café y café, sino una concesión del Estado.

El Estado no puede reconocer fácilmente el carácter vinculante de una participación que, de entrada, cuestiona toda la institucionalidad vigente. Y dudo mucho que el Estado quiera darse un tiro en el pie. Pero tampoco podría ser una participación “para tertuliar”, donde se digan cosas que no generan ningún tipo de obligación para nadie. El ELN difícilmente admitiría que basta con unas conversas de buena fe para dar por cumplido el compromiso de la participación de la sociedad.

Una salida es explorar formas legales ya existentes, que son vinculantes y que hacen parte de la institucionalidad, pero cuyo uso no ha sido explorado la construcción de paz. Cabe mencionar los cabildos populares, la consulta previa (aunque esto es un mecanismo de decisión y no exactamente de deliberación), la formulación de políticas públicas, etc. La clave está en ser creativos en la exploración de las posibilidades ya existentes y sumar las que haya lugar.

Tercero, la formulación de la agenda. Esta es una de las tareas de la participación. No creo en la arrogante posición de ciertos tecnócratas de que tal tarea llevaría a que la sociedad decida “que loa aviones vuelan de para atrás”. Eso es una ridiculización de la sociedad y el desconocimiento de su madurez política. La Segunda Asamblea Nacional por la Paz, de 2015, demostró (así como lo ha hecho la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular) que sí es posible identificar y priorizar unos temas para la construcción de paz.

Esa agenda fácilmente puede ser elaborada por un grupo de expertos en 15 minutos, pero eso no tiene ninguna legitimidad. Habrá puntos que la ortodoxia académica neoliberal dirán que no se pueden siquiera mencionar, pero poco ayuda a la paz la arrogancia centralista tecnócrata, cuyo balance hasta ahora (en el mundo) es de un rotundo fracaso en dar soluciones equitativas a las sociedades.

Cuarto, hay que superar los graves errores de comunicación de la Mesa de La Habana y que, tristemente, parece que repetirá la Mesa de Quito. Una comunicación para la paz no es un comunicado escueto, aún más inútil si pensamos en términos de pedagogía para la paz. La verdad es que comunicación y pedagogía deberían ser una sola estrategia, que no sea para derrotar al otro sino para informar a la sociedad.

La información veraz crea legitimidad y la oportuna evita uno de los males de nuestra cultura política: llenar los vacíos e información con chismes y rumores. El gobierno y el ELN tienen que entender que, según su agenda, las metas en materia de comunicación no son un reto de cada una de las partes sino de la Mesa como una unidad. Y que el éxito de esa comunicación hará que el énfasis se haga en los avances de la Mesa y no en el calendario electoral.

El reto que tiene las organizaciones de la sociedad, el ELN y el gobierno es ser audaces para convencer de la paz al país; el acartonamiento del lenguaje, el silencio, las evasivas, las metáforas inútiles, las hipérboles mamertas, los maximalismos discursivos y los cantos a la bandera no sirven, no suman sino que restan. Si la comunicación es fluida, esta será la pedagogía que el proceso necesita y no un ejercicio vacío al final de la firma.

Quinto, el Plebiscito desnudó a una sociedad que fue incapaz de leer los acuerdos, por la razón que fuera. Esa misma sociedad se enfrentaría a participar de una implementación que no ha estudiado y de una mesa en Quito cuya agenda no ha revisado cuidadosamente. Toca leer. Pero no solo lo que encierran los documentos de las mesas, sino lo que implica los retos de implementar y de participar.

Esto último implica formarse y formarse ya. Pero esta tarea es más compleja cuando escasean los llamados intelectuales orgánicos, cuando la academia (en términos generales) sigue divorciada de la sociedad, cuando la izquierda cree que la discusión de consignas y de titulares es suficiente.

Sexto. Una forma de pensar el trabajo con las comunidades ha sido la mentalidad oenegera, la de las ONG. Esto abre la puerta a varios debates, si las ONG están al servicio de la sociedad o, si por el contrario, éstas ponen a la sociedad y al movimiento social a su servicio, haciendo de las organizaciones de masas operadores de proyectos pensando no clave de ideales y de principios sino de indicadores y del marco del problema.

Mi experiencia en Palestina, Birmania y Bolivia me enseñó el daño que hace dicha mentalidad. Las organizaciones sociales no tienen que ser ejecutoras de tareas que son propias del Estado, ni tampoco hay que confundir la supervisión o la consulta previa con la realización de las tareas. Esa misma mentalidad lleva a una pelea por los recursos del posacuerdo, como fue el caso nefasto de Sudáfrica.

Séptimo. La participación requiere un mínimo de garantías, que van desde que quienes participen no sean asesinados hasta la escucha respetuosa de las propuestas. Casi que sería clave que después de cada propuesta, por ocurrente que le parezca a la burocracia centralista se preguntaran ¿y por qué no? Este simple ejercicio permitiría desacartonar unas fuerzas políticas mezquinas.

Así como es enemigo de la paz el “poseedor de la verdad”, también lo es el paramilitar: el “poseedor de la justicia”. Resulta impensable que el ELN y la sociedad que participe, acepte seguir con un proceso de negociación si a la participación se responde con asesinatos y el Estado a su vez responde, simplemente, con mensajes en Twitter. No se trata de aumentar el número de favorecidos con un esquema de protección, sino de combatir al paramilitarismo y lo que implica: tocar sus jefes reales y sus apoyos dentro del Estado.

Igualmente, la más elemental de las garantías, que lo que diga sea estudiado. El ritual vacío de la participación hace de la negociación una componenda de élites, antes que un proceso de inclusión democrática.

Octavo. El pasado de incumplimientos no perdona. Si sumamos la lista de acuerdos entre las regiones y el gobierno, incluyendo los de los paros agrarios, estamos frente a una lista de miles de incumplimientos, muchos de los cuales son reclamos a promesas previas, a acuerdos de protestas previas y/o a demandas que están claramente contenidas en la ley.

El reto está en que el Estado sea capaz de entender que va a ser muy difícil por parte de las regiones y de las comunidades créele, tanto de cara a la implementación como de cara a la participación, si no hay señales contundentes, concretas y oportunas de respeto a la palabra empeñada.

Noveno. Lo de menos pareciera ser (pero no lo es) la forma de la participación. La  propuesta que elabora el Comité de Impulso de la Mesa Social por la Paz, sobre la base de cabildos, es viable. Igualmente, el gran esfuerzo en curso de la Mesa Minero-energética. Por otra parte, resultaría penoso que se impusiera la lógica de algunos de que es trata simplemente de repetir los foros de La Habana (importantes pero que pertenecían a una coyuntura y un proceso de paz diferentes) pero un poco más grandes.

La Mesa de Quito apunta a un proceso de participación, más que a unos momentos puntuales, una participación de todos los sectores de la sociedad, que el ELN llama Diálogo Nacional y que en términos de su primer proponente, Jaime Bateman, sería un sancocho nacional. Razón tiene Juan Camilo Restrepo al decir que, aceptando la metáfora del sancocho, tampoco a plato así se le puede echar de todo y al mismo tiempo sin dañarlo, pero ese consejo no puede leerse en clave de caballo de Troya para que se limite la participación hasta hacerla vacía. Una participación de verdad sería, así, ya un logro. Un ejercicio para reformular la noción de democracia, de ciudadanía y de derechos humanos.

Que ojalá la frase “para participar en el programa” no se remplace por otra, muy común, nacida del clasismo de quien controla los canales de comunicación (en este caso de participación) y fruto del desprecio del poder por los de abajo, la famosa frase: “Julito no me cuelgue”.

Publicado originalmente en Las 2 Orillas