Víctor de Currea-Lugo | 8 de julio de 2026
Lo que se viene, pierna arriba, no es poco ni fruto de la paranoia. Esto, además, demuestra que lo que se perdió no fueron simplemente unas elecciones: se fracturó un proceso político hacia el cambio.
Desmonte del Estado social: Ya nos dicen que el Estado está demasiado gordo y que ha llegado la hora de ponerlo a dieta.
Curiosamente, esas dietas casi nunca empiezan por las exenciones tributarias de los más ricos. Empiezan por las instituciones públicas, el empleo público y los programas sociales.
Vendrán fusiones de entidades, desapariciones disfrazadas de modernización, privatizaciones llamadas a la eficiencia y una reducción deliberada de la capacidad del Estado para regular la economía.
Buena parte de las reformas sociales del gobierno de Petro quedarán bajo presión. No será simplemente un Estado más pequeño. Será un Estado más débil para proteger a los de abajo y bastante más amable con los de arriba.
Disminución de las libertades: También nos dirán que la democracia sigue intacta porque las elecciones siguen existiendo. Las urnas probablemente seguirán allí. Lo que cambiará será todo lo que ocurre entre una elección y otra.
No hace falta prohibir la protesta; basta con volverla lo suficientemente costosa en vidas humanas. No hace falta ilegalizar sindicatos, organizaciones campesinas o indígenas; les basta con convertirlos en sospechosos permanentes; no hace falta cerrar periódicos; les basta con que los periodistas entiendan hasta dónde pueden llegar.
Tampoco hace falta denunciar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, basta con dejar de escucharlo. La democracia rara vez desaparece de un día para otro. Normalmente se va encogiendo mientras nos repiten que goza de excelente salud.
La paz, a la guerra: La paz también cambiará de nombre. Volveremos a escuchar que negociar era ingenuo y que la autoridad consiste, ante todo, en bombardear, fumigar con glifosato, construir mega-cárceles y aumentar el pie de fuerza.
Lo preocupante no es solo el cambio de estrategia. Es que cuando la guerra vuelve a mandar, también regresan los despojos de tierras, el fortalecimiento de los discursos paramilitares y el inevitable aumento de las violaciones de derechos humanos. En Colombia la guerra nunca llega sola. Siempre trae una larga lista de funerales.
Medio ambiente: Con el medio ambiente ocurrirá algo parecido; nos explicarán que primero hay que crecer y después proteger la naturaleza, como si lleváramos cincuenta años escuchando un argumento distinto.
El fracking volverá a presentarse como realismo económico; la expansión petrolera y minera será llamada desarrollo; la transición energética dejará de ser una prioridad y el cambio climático volverá a ocupar el cómodo lugar de los problemas que siempre pueden esperar. Los ecosistemas estratégicos tendrán que aprender, una vez más, que el mercado posee una curiosa facilidad para declararlos sacrificables.
Relaciones internacionales: También cambiará el lugar de Colombia en el mundo. Se celebrará el regreso a una política exterior seria, que casi siempre implica volver a mirar hacia Washington antes que hacia América Latina.
La solidaridad con Palestina será archivada como un exceso ideológico, la relación con Israel recuperará su lugar privilegiado y el multilateralismo dejará de ser una prioridad. Nos dirán que recuperamos el prestigio internacional. En realidad, habremos recuperado una vieja costumbre: permitir que otros definan buena parte de nuestras prioridades.
Las zonas rurales: La reforma agraria será presentada como una extravagancia ideológica, un experimento fallido o una amenaza a la propiedad privada. Nos dirán que el verdadero desarrollo del campo depende de la gran inversión, de la agroindustria y de dejar actuar al mercado. La concentración de la tierra volverá a llamarse eficiencia y el latifundio recuperará el prestigio que nunca perdió del todo.
Lo que veremos será una desaceleración de la redistribución y formalización de tierras, el debilitamiento de la Jurisdicción Agraria, la pérdida de impulso de la restitución y de la institucionalidad rural. También la reforma rural prevista en el Acuerdo de Paz dejará de ser una prioridad.
Desmontar la reforma agraria no consistirá simplemente en cambiar una política pública. Significará restaurar uno de los viejos equilibrios sobre los que históricamente ha descansado el país.
La cultura política: la mano dura volverá a cotizar al alza, la autoridad empezará a confundirse con la obediencia y la negociación será presentada como una señal de debilidad.
Las iglesias conservadoras aumentarán su influencia sobre las decisiones públicas y volverán las discusiones sobre derechos sexuales, reproductivos y diversidad, incluyendo el tema del aborto.
Poco a poco, las organizaciones sociales dejarán de ser interlocutores incómodos para convertirse simplemente en estorbos. La participación seguirá apareciendo en los discursos oficiales; lo difícil será encontrarla en la práctica.
Las primeras señales
La ventaja de escribir sobre el futuro es que, a veces, el futuro tiene la cortesía de empezar antes de tiempo. El empalme dejó de entenderse como un procedimiento técnico para convertirse en un escenario de confrontación política.
Se anunciaron auditorías y equipos de abogados para denunciar al gobierno saliente, y el proceso terminó suspendido por decisión del propio presidente electo. Todavía no habían recibido las llaves de la Casa de Nariño y ya buscaban las del Palacio de Justicia.
También volvió el viejo estilo de la mano dura. Se anunció el regreso de generales retirados por el presidente Petro; militares en retiro fueron llamados a ocupar puestos estratégicos y reapareció la propuesta de organizar cuerpos civiles urbanos de seguridad. Colombia conoce demasiado bien ese libreto.
En las zonas rurales, campesinos beneficiarios de tierras entregadas por el gobierno denunciaron amenazas, presiones y expulsiones de sus predios mediante prácticas que evocan el viejo repertorio paramilitar. Colombia lleva décadas viendo repetirse la misma secuencia: primero llegan las amenazas, después el miedo y, finalmente, la tierra vuelve a cambiar de dueño.
El nuevo gobierno no anuncia tanto un nuevo proyecto de país como la restauración de un viejo orden: el predominio de la seguridad sobre la política, del castigo sobre la negociación, de los militares sobre los civiles, de la concentración de la tierra sobre la reforma agraria y de la confrontación sobre el diálogo. En Colombia, demasiadas veces el futuro no consiste en inventar algo nuevo, sino en permitir que regrese un pasado que nunca terminó de irse.
Y la izquierda sigue dormida
No podemos llamar a la calle sin tener una idea clara de para qué. Es grave tener a un estadounidense de presidente, al servicio de la agenda de los Estados Unidos y con el respaldo de Trump, lo que nos vuelve a demostrar que eso del imperialismo no es una entelequia del siglo pasado, sino una realidad del presente.
Sin embargo, la torpeza está en pensar que esa es la lucha principal en este momento o que, si logramos que pierda la nacionalidad, dejará de proteger los intereses de los Estados Unidos en Colombia.
Y tan mal estamos que se llama no a la protesta frente a la promesa del desmonte de subsidios o de refinanciar las EPS, sino a la “desobediencia civil”, noción sobre la que pocos tienen claridad y que (casi) nadie sabe con qué se come; la gente pregunta qué es exactamente eso. Y ponerlos a leer la obra de Henry David Thoreau no me parece lo más inteligente.
Luego, los intelectuales han publicado sendos análisis de lo que es, pero, de nuevo, sin mostrar cómo se materializa. Además, se enredan al ponerle adjetivos de “pacífica”, cuando lo es por definición, lo que demuestra que ni en lo semántico sabemos discutir. De nuevo enfrascados en peleas performativas y simbólicas, cuando no en “narrativas”.
El hecho es que la desobediencia civil parte de dos premisas: un Estado que le coma cuento a la protesta pacífica y una sociedad capaz de desarrollarla con una alta exigencia ética en sus compromisos.
En Colombia, no hay un Estado al que le signifique algo la protesta pacífica, ni tampoco hay una sociedad educada en ese tipo de prácticas para que asuma, por ejemplo, no pagar impuestos. Así que, en puridad, la llamada a la desobediencia civil en Colombia fracasa por falta de sustrato.
Y todo lo volvemos un asunto jurídico: la doble nacionalidad del presidente electo, tutelas contra la candidatura de De la Espriella, demandas de nulidad de la elección, y debates jurídicos sobre el resultado de las elecciones.
Eso está bien, lo jurídico es un frente, pero no puede ser el único, ni tampoco se puede volver toda la agenda social un debate de normas que no vayan, además, más allá de los tribunales. El énfasis en lo jurídico lleva a repetir el refrán inglés de que «cuando uno tiene un martillo, todo le parece una puntilla».
Y, peor aún, ese énfasis desconoce el desbalance entre los muy largos tiempos jurídicos y los tiempos políticos. Seguimos, en esencia, cometiendo los mismos errores de la campaña, pero insistimos en que la sociedad nos escuche. Y si no escuchan, los acusamos de enajenados y ya.
Es difícil convocar a los jóvenes cuando los líderes de la primera línea encarcelados no recibieron el apoyo adecuado; es triste reconocer que la entrega de tierras la mayoría de las veces no se acompañó con la titulación del caso; es doloroso reconocer que Ministerio de la igualdad creado un gran presupuesto se cierra el final del gobierno con más pena que gloria. Y es inexplicable que durante cuatro años no se tocó la esencia del sistema electoral para evitar el fraude del que ahora nos quejamos.
La responsabilidad política empieza precisamente aquí. Si este escenario termina consolidándose, no será únicamente por los aciertos del nuevo gobierno; también será porque nosotros no fuimos capaces de construir una fuerza social lo suficientemente organizada para impedirlo.
Las derrotas nunca son solamente electorales; se pagan con derechos perdidos, con líderes sociales asesinados, con comunidades abandonadas, con exilios, con silencios y con oportunidades históricas que tardan muchos años en regresar.
Por eso, el desafío no consiste en elaborar listas cada vez más largas ni en repartir candidaturas para la próxima elección. El desafío consiste en reconstruir ya la organización, dejar de aplazar el congreso del Pacto Histórico, volver a la sociedad y aprender de los errores. Si no aprendemos de esa lección, dentro de unos años no necesitaremos escribir una lista nueva: bastará con cambiarle la fecha a esta lista de asuntos pendientes.
