Víctor de Currea-Lugo | 1 de julio de 2021
“La ciudadanía es más que una tabla de Excel”, me dijo la profesora de derecho penal Estefanía Osorio, pues, antes que las estadísticas están las personas de carne y hueso. Lo mismo pienso yo del Código Penal. Así empezó mi visita a la primera línea jurídica de Armenia.
Mientras llegaban los otros integrantes, la profesora me dio una muestra de la crisis de la justicia en la ciudad: una estudiante de sociología y madre soltera, que ayudaba como brigadista en las marchas del paro, fue objeto de un allanamiento el 20 de mayo pasado.
A ella no le mostraron la orden, aunque había un menor ningún funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompañó la diligencia, llegaron después, cuando se dieron cuenta de que estaba ahí; el fiscal que hizo el control posterior no respondió a las solicitudes de esperar a la abogada de la acusada, y legalizaron así el allanamiento basados en una “fuente anónima”. No encontraron nada para justificar el allanamiento que fue ordenado por el fiscal Henry Hernández “en el nombre de Jesucristo”.
Una vez llegaron los otros miembros del equipo jurídico, pasamos al análisis del caso de los siete jóvenes detenidos en el marco de la protesta en Armenia, el 18 de junio.
Los siete de Armenia
Seis hombres y una mujer fueron detenidos por orden de la Fiscalía con allanamientos a sus casas. La joven trabaja en un Call Center; entre los hombres había un camionero, uno de las barras de fútbol, un venezolano, un estudiante becado… es decir, una representación de lo que es el país.
En la investigación previa, que condujo a las detenciones, se concluía, por ejemplo, que cuando uno de ellos le pidió a otro “5.000 pesos para pagar el taxi” realmente estaba haciendo una colecta para comprar explosivos y municiones que posteriormente usarían en el paro, según dijo el fiscal.
En la audiencia, me dijeron los de primera línea jurídica, nunca se refirieron a los acusados como “presuntos” sino como responsables, como si el debido proceso fuera un adorno navideño, más en un juzgado. De hecho, el reclamo de respeto fue contestado por el fiscal diciéndole a la jueza que le “abrieran una investigación disciplinaria” al abogado defensor. Finalmente, a los siete acusados les imputaron ocho cargos, incluyendo terrorismo, concierto para delinquir y tentativa de homicidio.
La procuradora Silvana Cortez pidió legalizar todo. Fueron conducidos a los calabozos de la Policía secreta, la Sijin. En ninguno de los allanamientos encontraron prueba alguna. La Procuradora pidió una sola cosa a favor de las personas detenidas: que al cargo de “concierto para delinquir agravado”, le quitaran la palabra agravado.
En la audiencia de imputación de cargos, según el abogado Felipe Robledo, el fiscal sugirió un vínculo entre los abogados defensores y los sindicados, como si todos fueran parte de una red, como “parte de una estructura delictiva”. Allí mismo el fiscal aclaró que vendrían 84 detenciones, y estas siete eran las primeras.
Algunos de los detenidos ni siquiera se conocían entre ellos, no son una red organizada ni mucho menos un grupo terrorista; pero la Fiscalía insistía en lo contrario. Ese deseo de criminalizar la protesta y a los abogados ya se había visto durante las marchas.
A una de las abogadas que asistía a supervisar los derechos humanos, un policía la increpó diciéndole: “calladita se ve más bonita”; y a una estudiante de derecho otro policía le dijo: “cállese, que por eso es que las violan”.
El defensor regional del Pueblo, Juan Camilo Mesa, en la misma línea que la Procuraduría y que la Fiscalía, pidió a la Policía: “póngales un comparendo, captúrenlas”. Ya él mismo había expresado que llevarles comida a los muchachos de la protesta era “colaborar con los terroristas”.
En la Universidad del Quindío
Allí hay un grupo, de unas 30 personas, acampando. Esa primera línea, me dijo su vocero, recoge experiencias de movilizaciones del pasado y especialmente de noviembre de 2019. Cuando pregunté por lo mejor y lo peor del paro me dijo que, paradójicamente, ambas cosas giran en torno a la unidad. Le parece muy triste cómo las dinámicas internas los fracturan, pero le reconforta cuando esa unión sí es posible.
A veces “nos da miedo llegar a la casa”, lo dijo por la persecución que han sentido. Muchos son jóvenes desempleados y sin acceso a la educación, aunque estén en un espacio universitario; paradojas del paro.
Allí, como en muchas otras partes del país, las barras de fútbol ayudaron. Lo positivo, su experiencia organizativa; lo negativo, su bajo nivel político. Eso generó algunos roces que me reconoció el vocero de la primera línea.
Felipe, otro activista social con el que me reuní, me explicó que el año de 2020 y en mitad de pandemia, en Armenia, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Pero ahora tratan de imponer la idea de que los problemas económicos de la ciudad “son por culpa del paro”.
En las calles de Armenia
Celebré los dos meses de paro en las calles de Armenia, en una marcha que atravesó la ciudad. Allí estaban, en manos de la primera línea, los escudos que había visto recostados en la Universidad del Quindío cuando los visité, estaban las consignas en las bocas de todos, las banderas y los carteles.
Hasta allí nos llegó la noticia de que, por fortuna, en la audiencia de los siete de Armenia la jueza había decidido darles la libertad, ya que no encontró inferencia razonable de autoría o participación en ninguno de los procesados.
En las calles de la ciudad, un aviso de tránsito de “pare” fue modificado por los manifestantes para que dijera: “no pare de luchar”. Algo así dicen muchos, aunque paren las marchas o aunque pare el paro. No sé esto cómo va a seguir, pero, sin duda, instituciones como la Policía, la Defensoría y la Procuraduría ya tomaron partido.
Es asombroso que una ciudad tan “conservadora” como Armenia haya salido a las calles a sumarse a un paro nacional contra un Gobierno injusto, centralista y autoritario. La gente canta y sonríe, confirma que no son simplemente un dato estadístico.
