Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz* | 24 de mayo de 2019
La recaptura del líder de las FARC Jesús Santrich, contrariando la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es apenas el último capítulo de la ofensiva del gobierno colombiano contra los Acuerdos de Paz. Víctor de Currea-Lugo, periodista especializado en conflictos armados, denuncia que el caso está viciado de “una sarta de ilegalidades” y analiza las causas de fondo que motivan al presidente Iván Duque a “hacer trizas la paz”. El también profesor de la Universidad Nacional de Colombia explica además el trasfondo de la matanza cotidiana a líderes y liderezas sociales y advierte sobre las consecuencias del “regreso al modelo uribista”.
-¿Cuál es su evaluación de lo que ha ocurrido en estos días con la liberación e inmediata recaptura del dirigente de las FARC Jesús Santrich?
-Lo que sucede con el señor Santrich hay que entenderlo como una cadena de ilegalidades. El juez natural para él es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo creado en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Sin embargo, ha habido toda una cadena de hechos que obedecen a una cosa simple: la voluntad del actual presidente, Iván Duque, en hacer trizas la paz, como lo prometió en su campaña presidencial, contrariando lo que firmó Juan Manuel Santos.
Eso se expresa en varias cosas. Se expresa en un desconocimiento de los compromisos adquiridos y en un incumplimiento constante de los acuerdos de paz. Una parte de ese incumplimiento es lo que sucede con Jesús Santrich. El afán por no respetar al juez natural que le corresponde; el afán por contaminar a la dirección de las FARC con supuestos actos en los que no hay ninguna prueba contundente, donde se ha alterado el debido proceso, donde se han legalizado condiciones de detenciones ilegales, donde se firmó una orden de libertad que se tuvo varios días encajonada para impedir que se hiciera efectiva.
Podría resumirlo así: lo que hay en contra de Jesús Santrich es una sarta de ilegalidades porque el debate no es jurídico, es político. Lo que se trata es de destruir la JEP, de romper la dirección de las FARC y de enviar un mensaje de arrogancia política total. Es decir, se trata de un montaje claro por parte del Estado para minar la voluntad política de las FARC y romper los compromisos adquiridos por el anterior gobierno.
– ¿Cómo se enmarca esta situación en las objeciones del presidente Iván Duque a los Acuerdos de Paz?
-Lo central es que el gobierno de Duque no quiere la paz. Uno podría pensar “bueno, pero si ya entregaron las armas y ya desmovilizaron a las FARC, ¿por qué no cumplir?”. Porque es que el cumplimiento implica, entre otras cosas, un gran capítulo, firmado en la JEP, que es la verdad, y la verdad implica no solamente que la guerrilla reconozca los crímenes de guerra -que sin duda cometió- sino que el Estado y las fuerzas militares reconozcan los suyos. El grave problema va en dos sentidos: la responsabilidad de los altos mandos militares en las órdenes que dieron y también de los responsables políticos, que están implicados en crímenes de guerra. Pero hay un elemento aún más importante y es que hay un sector muy grande del empresariado de los ganaderos y de los terratenientes que estuvo seriamente envuelto en la participación y en el apoyo a los crímenes de guerra. Esta verdad colocaría en tela de juicio a una parte importante de la élite colombiana y esa élite colombiana, precisamente, está cerca del presidente Duque. Por lo tanto, una confrontación contra la JEP es, en todo caso, un deseo de acallar la verdad. Por eso tienen que hacer trizas al proceso de paz, para no tener que responder por los crímenes de guerra y, sobre todo, por la economía, porque alguien financió a esos grupos paramilitares, alguien financió esas masacres, alguien dio la orden. Y es muy fácil acabar con el actor real que hizo la ejecución directa dejando impune a los autores intelectuales de los muchísimos crímenes que se han dado en el medio del conflicto armado.
-Día a día se recrudece la matanza de líderes y liderezas sociales. ¿Cuáles son los motivos de fondo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué intereses hay detrás?
-En Colombia el asesinato de líderes sociales, desafortunadamente, es una constante. Hay días en los que llegamos a tener dos muertos. Estamos hablando de más de 500 muertos en los últimos años. El gobierno primero ha querido negar que eso existe. Ha tratado de convencer al país y a la comunidad internacional de que se trata de casos aislados o problemas de delincuencia común, pero las estadísticas son brutales. Luego intentó decir que eso era culpa de la guerrilla cuando realmente los informes serios demuestran que no es así. Lo que sí se ha demostrado es que donde hay problemas de tenencia de tierras, donde hay presencia de trasnacionales, donde hay voces de oposición fuertes, que podrían competir con los partidos tradicionales, es donde se han producido los asesinatos. Los asesinatos han afectado de manera importante a las comunidades negras, campesinas e indígenas especialmente donde se han manifestado contra las políticas del Estado y donde se ha exigido la implementación de los acuerdos de paz.
Es una forma de hacer política: son crímenes políticos donde se controla a la oposición mediante el asesinato. ¿Quiénes están detrás de eso? Pues el poder regional, los poderes locales. El Estado tiene una gran responsabilidad, al menos por omisión, porque ha negado la sistematicidad, porque no ha querido investigar. Nos quieren hacer creer que es todo un conflicto de delincuencia común, incluso de problemas familiares de los líderes sociales asesinados, pero no quieren aceptar la responsabilidad y que hay una sistematicidad donde el Estado no quiere investigar ni hallar a los responsables.
-¿Qué valoración general hace del gobierno de Iván Duque hasta el momento?
-El balance que uno hace es deplorable. El modelo neoliberal se acentúa, un modelo de extracción minera donde no se plantea un plan de desarrollo del país o de industrialización sino que seguimos viviendo de los recursos naturales. Las políticas laborales siguen manteniéndose de una manera profundamente precaria. La división social es muy grande: Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. La concentración de la tierra se mantiene. Los asesinatos se mantienen. No hay garantías para la oposición política. No ha habido una capacidad real de garantizar el estado de derecho. La crisis reciente del señor Jesús Santrich demostró la intención política, incluso, de querer declarar una conmoción interna con el fin de producir un estado de cosas que permitiera al Gobierno gobernar por decreto. El presidente Duque está más pendiente de lo que pasa en Venezuela que de lo que pasa en Colombia. Ha habido una serie de movilizaciones de estudiantes, campesinos, indígenas y de las negritudes en todo el país. Hay un creciente malestar social muy marcado por los problemas de la política social y económica tan terribles que tenemos.
Podemos resumirlo en una frase: es el regreso al modelo uribista. Entre eso lo más grave es que el gobierno de Duque está haciendo trizas el proceso de paz, consolidando un Estado muy de derecha donde se legitima la violación sistemática de los derechos humanos.
(*) Entrevista original realizada en el programa “Al sur del Río Bravo” que se trasmite por Radionauta FM 106.3 (www.radionauta.com.ar)
Publicado en: “El gobierno de Duque está haciendo trizas el proceso de paz”
