Víctor de Currea-Lugo | 20 octubre de 2016
Jerusalén es una ciudad con un estatuto especial. Desde los años cuarenta, precisamente fue Colombia quien propuso “la internacionalización de Jerusalén” otorgando neutralidad permanente a esta ciudad y a otros lugares, por medio de un Estatuto Especial entendiendo Jerusalén y Belén, como ‘Corpus Separatum’, dependiente en forma principal del Consejo de Seguridad de la ONU.
Parte del sueño sionista es la anexión total de Jerusalén y hacer de ella la capital de Israel. Desde la ocupación militar de Cisjordania y Jerusalén (1967) tal tendencia se ha fortalecido, pero a pesar de ello, ningún país, ni siquiera Estados Unidos (hasta ahora), tiene hoy en día su embajada en Jerusalén.
El Consejo de Seguridad recordó en 1971, que el “principio de que la adquisición de territorio por conquista militar es inadmisible”. Y condenó las decisiones israelíes diciendo que: “todas las medidas de carácter legislativo y administrativo que haya tomado Israel con el fin de alterar el estatuto de la ciudad de Jerusalén, incluso la expropiación de tierras y bienes, el traslado de habitantes y la legislación destinada a incorporar el sector ocupado, son totalmente nulas y no pueden modificar ese estatuto”.
Después, Israel aprobó una Ley Básica (en julio de 1980) por medio de la cual declara que Jerusalén “en su integridad y unificada” sería su capital. El Consejo de Seguridad rechazó tal norma por violar el derecho internacional y precisó que “todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, son nulos y carentes de valor”. El Consejo pidió, al mes de la declaración israelí: “no reconocer la ‘ley básica’ y las demás medidas de Israel que, como resultado de esta ley, tengan por objeto alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén”.
Esas resoluciones relacionadas con Jerusalén fueron tenidas en cuenta por la Corte Internacional de Justicia, en 2004; al examinar el estatuto jurídico de la ciudad y su relación con el muro, la Corte concluyó que “Todos esos territorios, incluida Jerusalén oriental, siguen siendo territorios ocupados e Israel sigue teniendo la condición de Potencia ocupante”. Aún así, el muro continúa con esa misma línea de apropiación de Jerusalén y de aislamiento de los palestinos.
La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha significado un cambio en la política mundial, particularmente para Oriente Medio. Washington vuelve a seguir la política de Tel Aviv: enemistarse con Irán, priorizar la salida militar sobre la diplomática en el caso de Siria y, en términos generales, a reforzar la angosta visión de la llamada “guerra contra el terror”.
Trump apoyó la expansión de Israel mediante la creación de más asentamientos; prometió el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén; no hace mención alguna al tema de refugiados, y se ha inclinado en contra de mantener la propuesta árabe de “Dos Estados”, que hizo carrera en el mundo diplomático.
En rigor, no hay un cambio sustancial de la política de Estados Unidos en relación con el conflicto palestino-israelí, sino un paso más en la misma dirección. La única diferencia es que Trump ha dado muestras de querer de verdad implementar lo que promete: leyes anti-migratorias, medidas xenófobas, el muro en la frontera con México. Y eso lo sabe bien Israel. La renuncia a la propuesta de “Dos Estados” es lo más llamativo de Trump, teniendo en cuenta la legitimidad internacional de dicha propuesta, giro que ha sido rechazado tanto por la Autoridad Palestina, así como por la ONU.
Trump además presionó a los palestinos para que acepten a Israel como “Estado judío”. Pero fue más allá, amenazando a la OLP con su expulsión de suelo estadounidense “si el gobierno Palestino busca demandar a Israel (o a cualquier ciudadano israelí vinculado con crímenes de guerra) en las cortes internacionales”.
El nombramiento de David Friedman como embajador de Estados Unidos ante Tel Aviv ratificaron las promesas de Trump. Friedman es partidario de la relocalización de la embajada estadounidense y apoya los asentamientos. De hecho, ha hecho donaciones para expandir Israel en los últimos 20 años.
Pero la solución de un único Estado tampoco ofrecería tranquilidad a Israel, quien tendría, por lo menos, dos opciones contrarias a su deseo de anexión territorial: a) dar, en el nuevo Estado, igualdad de derechos a los palestinos, con lo cual su peso demográfico y político obligaría a Israel a reconocer derechos que no quiere otorgar, además de poner en peligro su vocación de “Estado judío”; y b) establecer un Estado con dos regímenes de “ciudadanía”, repitiendo el modelo de Apartheid que tuvo Sudáfrica y del cual ya Israel ha implementado mucho. En ambos casos, se pone en evidencia que el derecho internacional es, para Israel, una amenaza.
