Víctor de Currea-Lugo | 27 de mayo de 2021
En 1996, recogí una primera serie de ataques al sector salud en medio del conflicto armado y 25 años después tenemos que empezar la misma tarea porque ha sido duramente atacada, de nuevo, en el paro nacional.
La misión médica no es más que el sector salud en medio del conflicto armado, así lo entiende el Derecho Internacional Humanitario. En el caso colombiano y en medio de las actuales protestas, hay dos matizaciones importantes:
La primera es que el Derecho Internacional Humanitario no aplica en el paro nacional (y por tanto no debe invocarse) porque no se trata de un conflicto ni los manifestantes son combatientes a los que se les pueda disparar con armas de fuego, como hemos visto en varias partes del país. Aquí aplican las normas de los derechos humanos.
La segunda cosa, si de legalidades se trata, es que entendemos en Colombia como misión médica no solamente al personal de salud en medio del conflicto armado sino también en medio del conflicto social. Vale aclarar que lo que vivimos en estos días es la manifestación de un conflicto social y no simplemente un problema policial de orden público.
Ya sé que la ley colombiana establece, como lo hace frente al reconocimiento de víctimas, un procedimiento burocrático para registrar y reconocer el uso de los emblemas y de la categoría “misión médica”. Pero el asunto no es legal, no estamos hablando del uso del logo de McDonald’s sino de unos emblemas y nombres que están por encima de consideraciones comerciales y se ubican en el plano de la defensa de la humanidad.
Dice la Constitución que tenemos la obligación de: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. No recuerdo ningún evento en el país, mantenido en los días, más digno de esta obligación.
El problema no es legal, sino ético. Por tanto, esos muchachos y muchachas que he visto en las protestas de Bogotá y Cali amparados en el nombre de misión médica tienen mucho más derecho a usarlas que aquellos empecinados en negar la realidad del país, aunque tengan un título de médico.
Denuncias del primer mes
Da hastío y un poco de asco la forma en que unos ataques a la misión médica se sobredimensionan, y hasta se falsean, mientras otros no son objeto si quiera del debate, por ejemplo, el paso de las ambulancias en los sitios de protestas. Lo que he visto de manera directa en Cali y Bogotá es el respeto generalizado al paso de ambulancias y enfermos.
Han llegado otras noticias que, aunque deben confirmarse, no son menos angustiantes. Aprovecho para alejarme de las teorías según las cuales no se puede acusar al Estado de violar la misión médica sino después de una “exhaustiva investigación” al tiempo que se acusa a los manifestantes sin que medie la misma investigación.
He recibido reportes verbales en el terreno de prácticas tales como: registro irrespetuoso por parte de la policía a la misión médica, amenazas de detención a quienes realizan estas labores, ingreso a centros hospitalarios (Popayán), ataques directos a puestos de socorro (Cali y Medellín), detención de heridos, acceso ilegal a registros médicos (lo que es un delito según el Código Penal).
La lista sigue con posibles actos de perfidia por el transporte de equipos para la policía en ambulancias, seguimiento por parte de policías a las droguerías donde voluntarios compran insumos médicos (Yumbo), ataques con gases lacrimógenos a ambulancias, decomiso de medicamentos y donaciones médicas a civiles, así como oferta de dinero por el asesinato de miembros de la misión médica (Cali).
El uso de ambulancias para el paso de equipos de policía entre Pereira y Cartago, ha generado la desconfianza de los manifestantes, por eso, quieren confirmar que se trata de una emergencia médica antes de permitir su paso.
Esa misión médica atacada ha sido fundamentalmente la que nace de la propia población bajo un impulso de solidaridad. Incluye tareas permanentes, como las que se hacen en los hospitales, pero también temporales, como las que se ofrecen por unas horas en las calles. No se necesita ser profesional de la salud para ser parte de una misión médica. De la misma manera, el ataque deliberado a puestos de salud en un sitio de protestas o a un carro que claramente transporta heridos es tan grave como a un hospital universitario a una ambulancia medicalizada.
Proteger, proteger y proteger
La primera decisión necesaria para proteger a la gente es hablar desde el principio de humanidad y no de manera exegética desde el texto de una resolución que duerme el sueño de los justos en un cajón del Ministerio de Salud.
En otras palabras, prefiero la defensa de las personas que de las instituciones. Vale decir, que por andar defendiendo las instituciones es que precisamente muchas personas en Colombia continúan muriendo en el paseo de la muerte, un hecho inmoral, pero “legal” a luz de los códigos actuales. Como el principio de humanidad es una práctica y no un decreto, la primera medida para proteger es aceptar como misión médica a esas personas heroicas que acompañan las protestas, dispuestos a proteger la salud de los manifestantes.
El impulso inmediato de algunos es sugerir que “los vándalos” sin duda cometerán actos de perfidia amparados en la misión médica. Eso no me consta, pero sí le consta al país el sistemático engaño que hace la fuerza pública mediante policías infiltrados a las marchas para generar violencia.
En el terreno vemos que es muy fácil distinguir, si se quiere, al sector salud, por demás bastante bien señalizado como lo he visto. En este sentido, debemos renunciar a la categoría de “hechos confusos” para definir los ataques a la misión médica. Recordemos que el ataque al sector salud sí es un crimen, como lo es contra la prensa y los defensores de derechos humanos.
Es además indispensable documentar con toda la rigurosidad posible los ataques, con fecha, sitio y hora, ojalá con fotos y videos, con la explícita referencia a presuntos autores, para poder reclamar responsabilidades. Los presuntos responsables irían desde desconocidos, civiles armados, manifestantes y miembros de la fuerza pública. Esa recolección de datos debe ser inmediata, sistemática y confidencial. El país necesita, entre muchas otras cosas, tener información fiable para exigir el respeto del sector salud.
En medio de una pandemia y de un paro nacional es doloroso que sea indispensable pedir que se proteja a los que nos protegen.
