Empiezo por ratificar que creo firmemente en la voluntad de Juan Camilo Restrepo de negociar con el ELN, y creo lo mismo de Pablo Beltrán y su apuesta por negociar con el gobierno; otro es el debate de los alcances y las posturas de las delegaciones, pero la voluntad de paz de las partes es real.
El tiempo es una variable, pero no un problema insalvable. Tratar de acelerar el proceso o hablar de la agenda electoral es una discusión que no amenaza la Mesa. Es más, ni siquiera la bomba de La Macarena, ni la escalada de detenciones arbitrarias a líderes sociales en zonas donde hace presencia el ELN (como ha sucedido en las últimas horas en el Sur de Bolívar), son elementos que hagan temblar la Mesa. Tampoco el problema está en la inventada y machacona versión de que el ELN está absolutamente fracturado y sin ningún tipo de unidad de mando.
Es cierto que la guerra sigue, la presión militar en Chocó, por ejemplo, es relevante; pero tampoco está ahí el problema, ni en la expansión del ELN a algunas zonas dejadas por las Farc, donde el ELN se ha desplazado antes que sean ocupadas por los paramilitares. El problema está en dos dinámicas que no dependen de la Mesa de Quito: la pésima implementación del Acuerdo con las Farc, y la persistencia y crecimiento del paramilitarismo.
El gobierno puede sacar excusas, datos, cifras y hasta argucias legales, pero lo cierto es que las Farc han cumplido, sin plan B y sin as bajo la manga. Y el gobierno les ha fallado desde la comida hasta un techo donde dormir. El gobierno sabía desde hace más de tres años que habría unas zonas de concentración de guerrilleros que quedarían dependiendo de una política específica y no actuó en concordancia. Y el ELN está tomando atenta nota de ese incumplimiento.
Uno de los detenidos en la cárcel de Cúcuta me preguntaba: “Si así tratan a las Farc, ¿quién garantiza que no nos van a tratar a nosotros de la misma manera?” Cada error en ese proceso, cada renegociación de lo acordado en el parlamento, cada incumplimiento en una zona, es un mensaje tajante que hiere la voluntad de paz de los elenos, más de los que están en el terreno que de los que están en Quito. En el terreno, no hay siempre la posibilidad de contar con toda la información para poner en contexto una serie de incumplimientos de (casi) imposible defensa.
Y el segundo punto es la persistencia del paramilitarismo, su expansión, su paso de grupos pequeños que andaban más discretos a la movilización por centenares en ríos colombianos; con un aumento de presencia en 338 municipios a 361, y con una mayor coordinación nacional.
Con relación a los paramilitares, el gobierno, de manera cínica, comete dos errores: negar su existencia, retorciendo el DIH; y negar su impacto, el asesinato sistemático de más de un centenar de líderes y la amenaza de cientos de comunidades. Como decía en Twitter Sergio Serrano sobre la supuesta falta de sistematicidad en los crímenes: “¿Qué esperan, que los maten en orden alfabético?”.
Y ese mismo gobierno tiene un trato desobligante con las organizaciones que denuncian los crímenes. Por ejemplo, el manejo dado a la ocupación de algunas oficinas del Ministerio del Interior por parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, muestra que en Colombia no hay derecho ni a denunciar la falta de derechos (vale decir que la Cumbre se dio un tiro en el pie al hacer un acto que no fue de fuerza sino de debilidad, pero eso es otro debate).
Por eso, tenemos que preguntarnos aquí y ahora, no mañana ni en Quito, cómo echarle una mano a la Mesa entre el gobierno y el ELN. Y eso no es con propuestas cosméticas, por más bien intencionadas que sean. Hoy por hoy, esa paz no la salva ni un Tuiteratón, ni una propuesta de participación bonita, ni siquiera la (prometida desde tiempos inmemoriales) unidad de la izquierda, sino la seriedad del gobierno frente a las Farc y frente al paramilitarismo.
Las Farc ya no tienen vuelta atrás, pero el ELN no ha dado el paso hacia un proceso irreversible y el incumplimiento del gobierno poco ayuda. Es cierto que los paras no están saliendo de los batallones como en los años noventa, pero no se puede negar que hay cierta connivencia (como lo denuncian, por ejemplo, los campesinos de Micoahumado), ni tampoco negar que la omisión también es delito. Así que el futuro de la Mesa de Quito no depende tanto de los que están allá, como de los que están acá. Y los de acá no parecen dispuestos a dar el paso al frente.
Publicado originalmente en Las 2 Orillas
