La trampa de la batalla cultural

Víctor de Currea-Lugo | 17 de noviembre de 2026

El nuevo ministerio de Cultura tiene una tarea clara, bautizada así por las derechas de varias partes del mundo: la batalla cultural. El problema es si esa es una batalla o una trampa.

No se trata únicamente de que la cultura, como parte de la superestructura —diría Marx—, termine convertida en el principal espacio de discusión política.

El problema es que la derecha vuelve a ganar cuando consigue centrar la batalla cultural como si fuera el único frente de guerra, limita la batalla a lo semántico y la izquierda cae redondita.

Me explico: el auge de una «izquierda woke» (aclaro: no toda la izquierda es woke), limitada especialmente a la reivindicación de las minorías sexuales, pero también de otras identidades, contribuyó a disolver la noción de lucha de clases dentro de una parte importante del progresismo.

Aclaro: no toda reivindicación de una minoría es woke ni necesariamente debilita la lucha de clases, ya que, sin duda, muchas de esas luchas son indispensables y, además, justas. El problema aparece cuando se reivindican agendas cerradas para un solo grupo, lo identitario se convierte en la única referencia política y lo simbólico en el principal —cuando no el único— espacio de lucha.

Además, la batalla cultural también es un negocio: la indignación produce seguidores, los seguidores producen audiencias y las audiencias producen dinero. Las redes sociales premian el escándalo, no la complejidad. Una pelea por un pronombre puede circular más que una discusión sobre la reforma tributaria.

En esa trampa, el problema central de una sociedad injusta deja de ser la existencia de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. La concentración de la riqueza, la explotación del trabajo y la desigualdad material son desplazadas por una lectura según la cual la injusticia consiste, casi exclusivamente, en la exclusión de determinadas identidades.

Claro que existen grupos históricamente relegados y que sus derechos deben ser defendidos. El problema no es la existencia de esas luchas, sino que sus agendas se hayan convertido en las prioritarias y, muchas veces, en las únicas de lo que hoy se presenta como progresismo.

Mientras discutimos cómo llamar a las cosas, dejamos de discutir quién es dueño de ellas. Las disputas culturales pueden ser feroces, pero resultan perfectamente compatibles con el consenso neoliberal. Y ahí está parte de la trampa: peleamos por las palabras mientras otros se quedan con la riqueza.

La noción de persona, como un abstracto universal es rechazado por los posmodernos por universal y por las minorías por carecer de adjetivos que le acompañe; y más en un mundo donde lo post-neo-trans-culti-pluri-hiper se impone como forma de mencionar las cosas. Así, lo universal cede paso a los guetos y a las tribus en todas sus formas.

¿Qué pasa con los que no hacen parte de ser minorías? Pues que para ellos no hay propuestas políticas y, como se sienten excluidos, son trampa fácil de la derecha. Así sea solo una falacia, pero tenemos derechas más incluyentes que las izquierdas de «puros».

No confundamos las cosas: defender el derecho al aborto, combatir el racismo o exigir igualdad ante la ley no es necesariamente hacer política woke, sino son luchas por derechos concretos; la trampa aparece cuando la defensa de esos derechos se reduce a una confrontación moral que reemplaza la política pública por la disputa simbólica.

Por eso no se trata solamente de que la derecha quiera recuperar la iniciativa cultural; también sucede que una parte de la izquierda retorció la cultura política hasta reducirla a un repertorio de identidades, códigos lingüísticos y superioridades morales en el que millones de trabajadores, campesinos, habitantes de las ciudades, desempleados e informales no encuentran una explicación de sus problemas ni una propuesta de futuro.

De la lucha de clases a la guerra de identidades

El obrero de Marx y el campesino de Mao desaparecieron del debate político. Pero la alternativa no consiste en regresar al obrero universal y abstracto de otros tiempos; se trata de reconstruir una mayoría política capaz de integrar clase, raza, género y territorio, sin convertir ninguna identidad particular en la explicación total de la sociedad.

La identidad tampoco reemplaza la organización: no se construye una mayoría sumando minorías que compiten por reconocimiento, sino articulando intereses comunes. La izquierda necesita sindicatos, movimientos sociales y proyectos colectivos, no solamente comunidades que comparten agravios y consignas.

En México probaron con el indígena zapatista como sujeto político, pero el zapatismo no fue capaz de trascender sus propios límites, no le habló (casi) a la nación, sino (principalmente) a los suyos, en un país en que lo indígena no es minoría; diferente a los casos de Guatemala o Bolivia. Y al final, el zapatismo pasó a ser parte del paisaje.

En muchos casos se ha asumido un esencialismo de que los indígenas son, por definición más puros o superiores morales; lo mismo se ha aplicado para mujeres, negros, campesinos, etc. El esencialismo, que no tiene base alguna, eso sí es una “narrativa”, un “constructo social” que, además, no puede hablar con el resto de la sociedad precisamente por ser superiores.

Incluso, valdría la pena discutir la categoría de víctima, si es una condición política o una identidad. Para los amantes de lo woke, la experiencia de haber sido víctima de una injusticia se convierte, por una extraña operación ideológica, en garantía automática de virtud, lucidez y autoridad sobre cualquier asunto. Pero haber sufrido una opresión no convierte a nadie en infalible. La condición de víctima merece reconocimiento, reparación y justicia, pero no confiere superioridad moral ni inmunidad frente a la crítica.

Volvamos al debate sobre el sujeto político. Es cierto que el trabajador contemporáneo no es únicamente el obrero de fábrica: es también el vendedor informal, el domiciliario de una plataforma, la mujer que realiza trabajos de cuidado sin remuneración, el campesino sin tierra, el profesional endeudado, el conductor y el joven condenado al desempleo. Y la izquierda debería ser capaz de articularlos políticamente, pero se empeña en repartirlos en compartimentos identitarios incomunicados.

En cambio, se reivindica con enorme fuerza la pertenencia a una identidad —ser negro, mujer, indígena, integrante de una minoría sexual o persona con discapacidad—, mientras desaparece la construcción de una agenda común para quienes padecen la desigualdad, incluso cuando no pueden presentarse como miembros de una categoría especialmente reconocida; es más, hasta las enfermedades se convierten en identidades.

No se trata de negar que las mujeres, las comunidades negras o los indígenas formen parte de las mayorías populares; naturalmente forman parte de ellas; el problema es que cierto progresismo se dirige a las personas principalmente como integrantes de una identidad y no como miembros de una sociedad que comparte necesidades, derechos y conflictos materiales.

Entonces, las luchas por reformas sociales —como las de salud, pensiones, educación, vivienda o política urbana— terminan evaluándose mediante una colección de perspectivas particulares que no siempre consigue construir una respuesta para las necesidades comunes. Las políticas públicas dejan de medirse por su capacidad de garantizar derechos universales y empiezan a justificarse mediante una competencia entre identidades.

En Colombia, un ejemplo de esa falta de claridad sobre cómo construir igualdad fue el Ministerio de Igualdad. Se creó una enorme expectativa simbólica, pero nunca quedó claro qué podía hacer aquella institución que no correspondiera ya a otras entidades del Estado, cómo convertiría la representación en transformación material ni mediante qué resultados concretos demostraría su utilidad.

La igualdad (hablo de igualdad jurídica, no de igualdad material, ni de negación de las diferencias entre los seres humanos) no se construye acumulando dependencias burocráticas, multiplicando enfoques diferenciales ni distribuyendo cargos entre representantes de distintos sectores; se construye garantizando derechos, redistribuyendo la riqueza y modificando las relaciones de poder que producen la desigualdad.

No recuerdo quien dijo “nada a los judíos en cuanto judíos, todo a los judíos en cuanto ciudadanos”. Lo cierto es que negarles los derechos es antisemitismo, pero llenarlos de pureza y superioridad moral es sionismo.

Parte de la estrategia de esta izquierda progre consiste, además, en disciplinar, estigmatizar y cancelar a quien se atreva siquiera a preguntar por la validez política de su agenda. La pregunta deja de ser respondida con argumentos y empieza a ser tratada como una agresión. La discrepancia se presenta como violencia y la crítica como una prueba de inmoralidad.

La izquierda seducida por lo woke está llena de mecanismos informales de exclusión que buscan expulsar del debate a quien no emplee el vocabulario autorizado, no acepte los dogmas del momento o se niegue a reconocer la “autoridad epistemológica de la identidad”.

Y como la lucha material ha sido reemplazada por la representación simbólica, todo parece resolverse mediante el lenguaje inclusivo. Cambiar las palabras se presenta como si fuera equivalente a cambiar la realidad. El capitalismo puede seguir explotando, siempre que lo haga con todas, todos y todes debidamente representados.

Hay una izquierda que confunde la radicalidad de sus palabras con la radicalidad de sus propuestas: puede ser revolucionaria en el lenguaje y conservadora en la economía; desafiante en las redes e inofensiva frente al capital. La transformación social no se mide por la cantidad de enemigos que condenamos.

La derecha no necesita ganar si la izquierda le entrega la victoria

Sin proponérselo, esta reducción identitaria resulta funcional a la derecha: fragmenta las solidaridades, desplaza el conflicto distributivo, divide los movimientos sociales y facilita que el adversario se presente como defensor del sentido común frente a una izquierda obsesionada con vigilar las palabras.

La derecha entiende muy bien el regalo. Le basta con señalar los excesos más grotescos del progresismo identitario para aparecer como representante de trabajadores y sectores populares a los que, en realidad, tampoco ofrece justicia social. Así logra que el malestar producido por la desigualdad sea dirigido contra las minorías y no contra quienes concentran la riqueza y el poder.

Y ese triunfo de la derecha no puede explicarse solamente por la capacidad enajenante de los medios de comunicación, por el machismo o por las campañas de desinformación. Se debe también, y en buena medida, a la falta de claridad conceptual y a la torpeza operativa de una izquierda progre que no sabe hablarle al país y que tampoco consigue convertir sus promesas a las minorías en transformaciones concretas.

Ni el Ministerio de Igualdad ni el Ministerio de Cultura —ni muchos otros ministerios del cambio— entendieron que labbatalla real por el poder, no se gana administrando símbolos, financiando eventos o repitiendo el vocabulario de las universidades y las organizaciones no gubernamentales, sino que gana construyendo una interpretación del mundo capaz de conectar la experiencia cotidiana de las personas con un proyecto colectivo.

Tal vez una de las consecuencias más graves de todo esto sea el desprecio por la ciencia de una izquierda que coquetea con Marx, pero rechaza el materialismo; que pelea contra el neoliberalismo, pero recita a los posmodernos; que se declara crítica, pero convierte sus propias creencias en dogmas inmunes a la refutación.

Desde Chile hasta México, y en varios sectores de Europa se impone una izquierda que reemplazó la evidencia por la posición identitaria, el argumento por el testimonio, la discusión racional por la autoridad moral y la crítica por la obediencia.

Así las cosas, le dejamos a la derecha la ciencia, la razón, la lógica y el conocimiento. No porque la derecha sea necesariamente científica o racional —allí abundan también el fanatismo religioso, el negacionismo y las teorías de la conspiración—, sino porque le permitimos apropiarse retóricamente de aquello que la izquierda nunca debió abandonar.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa acaba de derrotar al republicano Greg Abbott después de 36 años de dominio republicano. Su campaña rechazó las guerras culturales y reivindicó la agenda económica, la educación pública y la lucha contra el poder de los multimillonarios. No abandonó los derechos de las minorías: dejó de permitir que estos desplazaran los problemas materiales. Tal vez esa sea la lección: menos woke y más izquierda.

Mientras tanto, abrazamos prácticas dogmáticas, autoritarias, sectarias y puritanas, convencidos de que la superioridad moral puede reemplazar la construcción política. Así, la izquierda está perdiendo la tal batalla cultural antes de haber entendido qué está en juego.

PD1: La posmodernidad solamente podía ser inventada por un país incapaz de llamar a sus habitantes de calle por su nombre y que prefiere rebautizarlos como “personas sin domicilio fijo”: Francia.

PD2: Lo único bueno de los escándalos de estos días, en Colombia, es que la izquierda salió defender la presunción de inocencia y el debido proceso; ojalá eso fuera válido siempre, y para todos, todas y hasta todes.